El Gobierno de Entre Ríos radicó ante la Corte Suprema de Justicia, una demanda contra el Estado por el perjuicio económico que genera a las arcas provinciales la ecuación económica financiera que determina los excedentes que recibe a cambio de la energía que provee al sistema eléctrico desde la represa de Salto Grande. Exige modificar el modo en que se establece el precio de la energía para que ese valor genere excedentes acordes a lo que le corresponde recibir por ser productora de esa energía. Esos montos los determina el Gobierno argentino y en el entendimiento del Ejecutivo entrerriano, son escasos y perjudiciales para la provincia.
PRECIO DE LA ENERGÍA
El gobierno central tiene la potestad de fijar el precio de la electricidad a través de la Secretaría de Energía de la Nación. La demanda entrerriana pide a la Corte que declare la inconstitucionalidad de las resoluciones que determinaron cómo se fija el precio de los excedentes. Los excedentes son los fondos que resultan de la diferencia entre el precio de la energía que entrega Salto Grande y los gastos de la Comisión Técnica Mixta de la represa. Los mismos se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
DAÑOS AMBIENTAL
Además, en la demanda ante la Corte, la provincia exige que se elabore un cálculo de daño ambiental que provocó la represa. Y el planteo reclama también que la Nación cumpla con las obras que se comprometieron a hacer para la región de Salto Grande. Si el planteo llegara a prosperar, la provincia sostuvo que los fondos eventualmente restituidos serán destinados para obras y otras acciones en beneficio de la región.
