Dr. Fulvio Gutiérrez
Luego de analizar la situación política a nivel nacional, y lo ocurrido a nivel de la Intendencia de Salto en los dos últimos periodos de gobierno frentista, no puedo dejar de referirme a un fenómeno, cuya trascendencia rebasó todos los limites imaginables. Se trata del “clientelismo político”, que se puede definir como el intercambio de bienes y servicios, a cambio de apoyo político, que, generalmente–por no decir siempre- implica el ingreso a un cargo en un organismo del Estado.
El Frente Amplio, dijo ser ferviente contrario a esa práctica, hasta que ganó su primera elección en Montevideo, y luego del 2004, a nivel nacional. Ahí, llegado al gobierno, cambió sus ideas, alcanzando un record en las administraciones de la Intendencia de Salto, a cargo de Andrés Lima. Con la particularidad, en este caso, del expreso consentimiento de ADEOMS, que se documentó en una decena de espurios convenios colectivos, que hicieron trizas elementales principios jurídicos. Casi se puede decir que hubo un “cogobierno” para contratar gente que fuera afín a la izquierda vernácula.
Está claro que cuando un partido político gana una elección, asume una enorme responsabilidad, que se traduce en cumplir con las denominadas “promesas de campaña”. Eso supone que, una vez asumido el gobierno, se debe organizar e instrumentar una estructura, a los efectos de cubrir una serie de cargos, con personas de su misma orientación política. En principio, el partido ganador debe cubrir las vacantes de los órganos de gobierno. Algunas surgirán del resultado de elección anterior porque son cargos electivos, pero otras, deberán ser cubiertas mediante designación directa, pero siempre conforme a las previsiones constitucionales y legales vigentes.
Y es en este último caso que aparece el abuso de poder. El objetivo es colocar “correligionarios”. De la capacidad del designado ni se habla, y de su idoneidad menos. La idoneidad es la aptitud técnica, legal y moral, como condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública, que a veces se la resume en una sola palabra: el “perfil.”Sin embargo, el clientelismo político no considera el perfil del candidato al empleo, sino que solo le importa que ese candidato haya pagado su adhesión con el voto. El resultado es conocido.
Las competencias se ejercen mal, no se tiene la capacidad necesaria, las aspiraciones no se pueden cumplir, o se cumplen a medias, y ello acarrea irremediablemente una gestión deficitaria. Cualitativamente y cuantitativamente. Eso ha ocurrido en el gobierno departamental de Salto. Sanear la situación exigirá la toma de decisiones que van a molestar a varios. Pero acá hay que actuar cumpliendo las normas vigentes, porque el objetivo es muy sencillo: el Derecho está por encima de la política. Duela a quien duela, y pese a quien pese.
