Por Adrián Canosa.
El presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, calificó como «totalmente arbitrario, injusto e ilegal» el cese definitivo de 291 funcionarios municipales dispuesto por el intendente Carlos Albisu. Esto se llevó a cabo en la tarde de ayer en una conferencia de prensa en donde la autoridad sindical y uno de los abogados de la agrupación se expresaron sobre la problemática presente.
REVANCHISMO
Gómez acusó directamente al intendente de revanchismo político, asegurando que los ceses responden a «temas estrictamente político partidarios» y no a criterios técnicos. «¿En qué sociedad vivimos que se expulse a trabajadores por haber militado políticamente?», cuestionó. El dirigente sindical señaló una clara intencionalidad revanchista, argumentando que los ceses se produjeron «casi en la misma fecha» que los despidos de 250 funcionarios en 2015 durante la gestión de Andrés Coutinho. Sin embargo, aclaró que «250 de esos compañeros siguen trabajando hasta el día de hoy y fueron efectivizados».
CONTRADICCIONES
Gómez cuestionó la justificación del intendente sobre «poner la casa en orden», denunciando que mientras se despide a casi 300 familias, la intendencia realizó más de 60 designaciones directas y contrató «decenas de cargos políticos» en los primeros días. «Contrata por designación directa paisajistas por miles de dólares mensuales y a la ex directora de Hacienda del gobierno anterior en grado 14, cuando estas tareas deben ocuparse por concurso», criticó. También denunció que trabajadores contratados por monotributo ganan entre 20.000 y 25.000 pesos para «tareas insalubres».
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El abogado asesor del sindicato explicó que consideran la resolución «ilegal y arbitraria» porque viola la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público (18.508) vigente desde 2019. El convenio colectivo que protege a estos trabajadores fue resultado de año y medio de negociaciones entre ADEOMS, la Intendencia y el Ministerio de Trabajo, culminando con el registro oficial. «La intendencia desconoce lo que es un convenio colectivo, algo muy grave», afirmó. También se viola el artículo 38 del presupuesto departamental, aprobado por unanimidad, que establece que los convenios registrados ante el Ministerio «tienen fuerza de derecho ante el gobierno departamental».
PROCEDIMIENTO INCORRECTO
El abogado explicó que el mecanismo utilizado es incorrecto. «Si un intendente considera ilegal un contrato del anterior, no puede simplemente dictar una resolución; debe acudir a un tercero imparcial como un juez». Cuando ADEOMS firmó el convenio, lo hizo con la Intendencia de Salto como persona jurídica, no con un intendente específico, por lo que el cambio de administración no habilita a desconocer unilateralmente los acuerdos.
CONSECUENCIAS LEGALES
La defensa advirtió una «debacle económica» para la intendencia, confirmando que habrá «291 juicios contra la intendencia» si no se revierte la situación. Las acciones incluirán recursos administrativos, acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, denuncias ante la OIT y eventuales acciones de amparo. Gómez concluyó que continuarán «golpeando puertas» y denunciando en «los más altos niveles», buscando que el sistema político no permanezca «indiferente» ante una violación que podría sentar un «precedente» negativo para trabajadores públicos del país.
