El intendente de Salto, Carlos Albisu, acompañado por el secretario general, Walter Texeira Núñez, y el jefe del Área Jurídica, Dr. Gabriel Rodríguez, brindó una conferencia de prensa este miércoles donde comunicó el cese de 291 funcionarios. Albisu señaló que la resolución fue «dolorosa, pero fundada en sólidos argumentos jurídicos», ya que el convenio colectivo por el cual se pretendió dejar como permanentes a estos funcionarios «es claramente violatorio de normas legales y constitucionales». El jefe comuna dijo que era necesario poner la “casa en orden”.
20 MILLONES DE PESOS
El jerarca recordó que, durante la campaña electoral, y también luego de asumir el gobierno, se había advertido que esta situación sería revisada. «Nadie puede hacerse el sorprendido. Los salteños nos reclamaron ordenar la Intendencia y empezar un tiempo nuevo», afirmó. El intendente explicó que el ingreso de estos funcionarios, realizado en forma directa por el exintendente Andrés Lima, implicaba para las arcas departamentales un gasto mensual de 20 millones de pesos, equivalente a unos 6 millones de dólares anuales. Asimismo, destacó que la actual administración respetó otras medidas incluidas en el mismo convenio, como la presupuestación de 234 funcionarios y la readecuación de categorías de más de 300 trabajadores. «Eso desmiente versiones tendenciosas. Lo que no corresponde es haber intentado dejar como permanentes a 291 designaciones directas, muchos de ellos punteros políticos o personas que nunca cumplieron tareas municipales», señaló.
PODRÍA HABER REINTEGROS
Albisu remarcó que el gobierno departamental se propone revalorizar la carrera funcional, de forma que el desempeño y compromiso de los funcionarios sea lo que determine sus condiciones salariales y de desarrollo. También adelantó que, por razones humanitarias o de servicio, algunos de los funcionarios cesados podrían ser reintegrados bajo un nuevo vínculo, respetando todas las normas legales. Finalmente, desmintió versiones sobre un aumento en los cargos de confianza: «Lima tenía 74 cargos de confianza. Nuestra administración ha designado 42, y de ellos varios ya eran funcionarios municipales. Además, Lima contaba con diez directores; nosotros hemos nombrado sólo siete».
