Por Pablo Vela
En los últimos días, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ha redoblado su llamado para que los niños y adolescentes regresen a las aulas. A primera vista, el pedido parece innecesario: ¿no es obvio que los estudiantes deben ir a clase? Sin embargo, el hecho de que este llamado exista revela una verdad incómoda: la escuela ha dejado de ser una prioridad para muchas familias y en buena parte eso se debe a un modelo de asistencia social que, durante años, desincentivó la responsabilidad y la cultura del esfuerzo.
Durante más de una década, las políticas sociales de corte progresista instauraron una lógica de subsidios y transferencias monetarias que (aunque bien intencionadas) no fueron lo suficientemente exigentes en materia de corresponsabilidad. El Estado entregó ayudas sin exigir, de forma real y sostenida, la contraprestación básica de que los menores asistieran a la escuela. Se instaló, así, una cultura de derechos sin deberes, donde el vínculo entre las transferencias sociales y la permanencia educativa se volvió difuso o, directamente, inexistente.
El resultado está a la vista: una creciente desvinculación del sistema educativo, especialmente en los sectores más vulnerables, donde la asistencia irregular o la deserción ya no se viven como una urgencia, sino como una opción tolerada por el propio Estado y por una parte de la sociedad que prefiere no incomodar con exigencias, lo que ayudó a la degradación de la sociedad toda: falta de reconocimiento y respeto a las autoridades, a las investiduras, etc.
No se trata de castigar la pobreza, sino de asumir que los derechos también implican deberes. Que un niño esté en la escuela no solo es clave para su formación personal: es un factor determinante para romper con los ciclos de pobreza estructural. La educación debería ser la condición mínima para acceder a beneficios sociales, no una variable optativa.
Por supuesto, la responsabilidad no es solo individual. El Estado también ha fallado en garantizar escuelas que motiven, contengan y enseñen con calidad. Pero una política social verdaderamente progresista no puede resignarse a repartir dinero sin exigir ni evaluar su impacto real en la vida de quienes lo reciben. De lo contrario, lo que se presenta como solidaridad termina siendo una forma de asistencialismo que perpetúa el problema que dice combatir.
El llamado de la ANEP a “volver a la escuela” debería interpelarnos a todos. Pero especialmente a quienes, desde el discurso bienintencionado, promovieron políticas que generaron dependencia y desvinculación.
Si queremos un país con oportunidades reales, la asistencia a la escuela no puede ser un pedido desesperado: debe ser una obligación asumida, exigida y respaldada por todos los actores de la sociedad.
Hay que frenar de inmediato la desidia e intolerancia, el vale todo, el “no pasa nada”, Uruguay debe regresar a lo que fue culturalmente y la Escuela uruguaya fue bastión para ello. Se frena o se desbarranca totalmente.
