Por Pablo vela
El Frente Amplio asumió el gobierno con promesas de justicia social, escucha activa y sensibilidad con los sectores vulnerables. Pero pocos actos han revelado su verdadero talante como lo ha hecho la intención explícita de derogar la Ley 20.141, que regula la corresponsabilidad en la crianza. Una ley que, guste o no, fue aprobada democráticamente, que intenta dar respuesta a una situación cotidiana (la separación de los padres) y que introduce criterios razonables para que el centro de la discusión no sea el conflicto adulto, sino el bienestar del niño.
¿Qué mensaje transmite el gobierno al avanzar en esta derogación? Que la ideología está por encima de la evidencia, que el debate familiar se decide con slogans, y que la “protección” infantil consiste en anular vínculos antes que construirlos.
La Ley 20.141 no impone tenencias ni reparte hijos como bienes. Tampoco niega la existencia de violencia doméstica, ni quita a los jueces la posibilidad de limitar vínculos en contextos de riesgo. Pero para el Frente Amplio, eso no importa. La ley molesta porque rompe con un esquema viejo en el que la custodia exclusiva parecía ser un derecho adquirido, no por los niños, sino por los adultos que los rodean.
El Frente Amplio ha elegido la vía más dura: intentar derogarla de cuajo, sin plantear una alternativa concreta, sin consultar a familias que padecen el sistema judicial, y sin abrir canales de revisión legislativa con seriedad. Porque no se trata de mejorar el texto, sino de borrarlo. ¿Por qué? Porque molesta políticamente. Porque no encaja con ciertas estructuras militantes. Porque puede interpretarse, equivocadamente, como una cesión al “discurso de los padres separados”.
¿Y los niños? Bien, gracias.
El discurso de la izquierda gobernante habla de infancia, pero no escucha a los niños. Habla de violencia, pero no distingue los casos reales de los que no lo son. Y en nombre de una protección total, instala la idea peligrosa de que todo padre es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Esta visión es injusta, sí, pero sobre todo es ineficaz: porque empuja a los jueces a trabajar con miedo, y a los niños a vivir con menos vínculos que los que podrían tener.
Si el Frente Amplio logra derogar esta ley sin debate abierto, sin propuesta sustitutiva, y sin el más mínimo reconocimiento de la legitimidad del reclamo por corresponsabilidad parental, estaremos ante un precedente serio: el de un gobierno que no corrige, sino que borra. Que no discute, sino que impone. Que convierte una bandera ideológica en política de Estado.
La izquierda tiene la oportunidad de demostrar que puede ser moderna, plural y sensible a los nuevos modelos de familia. Pero si opta por la derogación pura y dura de la Ley 20.141, no estará del lado de los niños, sino del lado del miedo.
La existencia de casos gravísimos de violencia por parte de varones, de padres, no borra ni minimiza que también existen mujeres que ejercen violencia (física, sicológica, etc.) contra menores, contra el padre de los menores (sus ex parejas). Invisibilizar eso por un dogma es no solamente injusto sino peligrosamente irresponsable.
La ley actual busca precisamente eso, que nada se asuma por defecto. No todo padre es un violento encubierto ni toda madre es un cálido refugio.
