La Mesa por la Vida y Familia Salto convoca para este viernes 28 de marzo a la “Marcha por la vida” una instancia que tiene por objetivo manifestarse a favor de la vida y rechazar la Interrupción Voluntaria del Embarazo que provoca que más de 10 mil niños por año no nazcan en Uruguay. La actividad se da cierre a varias actividades que se estuvieron realizando en Salto desde el martes 25 para conmemorar el Día del Niño por Nacer” y congregará a delegaciones de varios departamentos que acompañarán la movilización desde las 19.30 en Plaza Artigas. Se considera que la instancia no solo convoca a instituciones católicas o religiosas, sino que a la sociedad toda que está a favor de la vida y que no comparte que en Uruguay no se respeto el primer derecho humano y fundamental que es la vivir.
“HAY OTRAS SALIDAS”
El Obispo de la Diócesis de Salto, Mons. Arturo Fajardo que es además presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, dijo que “la vida es el primer derecho, sin eso no hay otro derecho”, y agregó que la Iglesia se opone tanto a la pena de muerte como al aborto y la eutanasia. “Sabemos que es un tema complejo”, puntualizó. En cuanto a los abortos producto de violaciones, Fajardo estimó que “se pueden buscar salidas que no sean la interrupción del embarazo”, porque “el aborto es el fin de una vida y de una persona”. En ese sentido, señaló que no solo se trata de un problema filosófico sino demográfico, y argumentó que los datos del Censo indican que “la población ha descendido de forma abismal”, y “hay que buscar una salida que vaya en ese sentido”.
LO QUE PREVÉ LA LEY
Según la nueva ley, los profesionales de la salud pueden recurrir de manera personal a temas de conciencia para negarse a realizar un aborto, pero las instituciones sanitarias tienen que garantizar a sus asociadas la realización de la interrupción del embarazo en la propia institución o en otra en caso de objeción. La legislación establece que toda mujer residente en el país puede solicitar que se le practique un aborto en cualquier centro público o privado, los cuales están obligados a realizar la intervención o a garantizar que se haga por terceros en casos de objeción de conciencia. La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo se hace hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre. Previamente las mujeres deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social para recibir asesoramiento incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
