Hartas de las dificultades económicas y emocionales que implica viajar cientos de kilómetros para visitar a sus seres queridos privados de libertad, estas familias, de contextos humildes, exigen que se cumpla el derecho al acercamiento familiar, fundamental para la rehabilitación y reinserción social, y ya han presentado propuestas concretas al INR y al Poder Ejecutivo. Son padres, madres, esposas hermanos e hijos que viven la doble condena: la de sus seres queridos privados de libertad, y la propia, impuesta por la distancia.
60 FAMILIAS
Desde el mes de marzo un grupo de 60 familias de Paysandú, Salto y Artigas se ha unido formando un colectivo que exige el derecho fundamental del acercamiento familiar. Su objetivo es claro: luchar por un derecho que asiste a todo privado de libertad, tal como lo establece la Ley 14.470. Ahí está estipulado el derecho de los reclusos a ser visitados por familiares y amistades, con preferencia a los primeros según el grado de parentesco, así como a mantener correspondencia y ese acercamiento vital. Sin embargo, algunos de ellos denuncian una realidad muy distinta. Posiblemente algunos pueden criticar esta postura, les parezca equivocado o parte de una pena por cometer un ilícito que los puso en la cárcel: aquello de “lo hubieran pensado antes” Pero estas familias afirman que ese alejamiento genera problemas porque, entre otras cosas, vuelve más inestables a sus familiares.
CONTEXTOS VULNERABLES
Hablamos de personas de contextos muy humildes: trabajadores de la naranja, de la caña de azúcar, peones de campo para quienes viajar a Montevideo o incluso a departamentos cercanos como Rivera, es una tarea titánica y, en muchos casos, imposible. El vocero del Grupo Reencuentro, Luis Mendietta, contó a “Las Cosas en su sitio” (Radio Sarandí), que esas situaciones se agravan aún más cuando los comestibles o la ropa de abrigo que envían no llegan a destino, una problemática que, según dice, ha sido reiteradamente informada sin obtener respuestas. Hablando de los traslados de internos, no siempre responden a criterios de peligrosidad. Este grupo afirma que ha constatado el envío de primarios absolutos, jóvenes de 18 años, a cárceles lejanas como el Penal de Libertad, donde las condiciones pueden poner en riesgo su integridad.
