Dr. Fulvio Gutiérrez
El cambio producido en el accionar de la Policía Nacional, entre el gobierno anterior, y el gobierno actual del Uruguay, tiene su origen en una concepción muy diferente del concepto “represión”. Y no porque las normas jurídicas hubieran cambiado luego del pasado 1º de marzo (la Ley Orgánica Policial y la Ley de Procedimiento Policial son las mismas), sino porque el gobierno del Frente Amplio, dominado por una ideología que confunde conceptos, valores y conductas, realizó interpretaciones erróneas, que lo llevó casi al borde de la anarquía. Poco a poco, se fue notando una ausencia del Estado, derivado de la inacción de la Policía Nacional, dispuestas por las jerarquías del Ministerio del Interior. Medidas que notoriamente produjeron una especie de vaciamiento de las comisarías, lo que llevó al Ministro Larrañaga, a calificarlas de “comisarías taperas”. Si no hay presencia policial, no hay presencia del Estado, y esto derivó en un estado de impunidad que por lógica preocupó a la gente.
Amparados en esa inacción estatal, la delincuencia se dio cuenta que podía actuar con amplia libertad. Los asesinatos y las rapiñas aumentaron a cifras inimaginables, y muchos policías perdieron su vida en manos de esos malvivientes. Surgieron barrios controlados por delincuentes, y en algunos casos, la desesperación de los vecinos, los llevó a organizarse en improvisados grupos de defensa, para cubrirse de cualquier visitante sospechoso. No era lo correcto ni aconsejable, pero el vacío originado en la impericia y negligencia del gobierno, así lo imponía. También aquí había una lógica; o nos defendemos o nos matan.
Las normas que regulan todo el accionar de la Policía Nacional –antes y después del pasado 1º de marzo- son las mismas, y ambas parten de dos principios. El preventivo que pretende impedir la concreción de un accionar ilícito vinculado al delito o a las faltas, buscando evitar que ese accionar se concrete impidiendo la violación de la norma jurídica. Pero si eso ocurre, entonces el accionar policial no tiene otro mecanismo para cumplir con el orden y la seguridad social, que pasar al estadio de represión de esas inconductas. La represión, desde el ordenamiento jurídico, es una función que tiene el Estado con el fin de asegurar la paz social frente a conductas antisociales y/o constitutivas de delitos.
Y aquí el gobierno frentista falló, porque siempre tuvo reparos para reprimir a delincuentes, siempre pensó en el derecho de esos delincuentes (que obviamente los tienen), pero no en el derecho de las víctimas de esos delincuentes, que también los tienen y que son a quienes hay que defender porque no han cometido ningún delito. Midió a unos y a otros con una vara distinta, buscando la excusa a favor del violador de la norma, y no del sujeto víctima del accionar ilícito.
Está claro que tal forma de interpretación es contraria a la lógica. ¿Cómo es posible que se tenga tanto reparo en la represión de delincuentes, y sin embargo apoyaron a sistemas represores como la Cuba de los Castro; la Venezuela de Chávez o Maduro, y la tristemente célebre Unión Soviética, entre otros? Con el agravante que éstos, también reprimen ideas y no solo delincuentes. No tiene lógica. Es que la izquierda uruguaya tampoco tiene lógica. Véase que calificó a Venezuela de democracia y no le gustó (aunque se la tuvieron que “tragar”) cuando un Astori avergonzado, en un dejo de sinceridad la calificó de dictadura; véase que el Partido Comunista reclama democracia y derechos humanos, pero lucha por la dictadura de un denominado proletariado inexistente, desprecia a la democracia si llega al poder, se abraza al partido único y es el más férreo violador de los derechos humanos.
Entonces entiéndase bien: cuando la prevención no prospera, entonces se impone la represión. Siempre y sin dudas. Pero no una represión cualquiera, sino aquella que tiene el respaldo de la ley, y el aval de la Constitución de la República. Eso sí tiene lógica, y así debe ser.
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