Dr. Fulvio Gutiérrez
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores el 22 de julio de 2020, por nueve senadores del Frente Amplio, que pretende impedir la extranjerización de la tierra, resultó una sorpresa difícil de entender. Por varias razones.
Primero porque no tenía la firma de cuatro senadores frentistas: ni Lilián Kechichian, ni Danilo Astori (ni la de su suplente José Carlos Mahía), ni la de Mario Bergara, ni la de Enrique Rubio, lo cual desnuda las diferencias internas que la izquierda tiene en esa materia. Segundo porque el planteo no tiene lógica (o es muy hipócrita), pues durante los quince años en que gobernó el Frente Amplio con mayoría parlamentaria, jamás se presentó un proyecto de ley sobre esa temática. Es más, cuando luego del regreso a la democracia (1985), el Senador blanco Carlos Julio Pereira presentó tres veces un proyecto similar, el entonces senador Danilo Astori y su sector se opusieron fuertemente, y el proyecto de Carlos Julio Pereira fue rechazado. La realidad ha probado y comprobado, que durante los 15 años de gobierno frenteamplista no solo se permitió, sino que se promovió la extranjerización de la tierra. Tercero porque, en el año 2014, el Frente Amplio votó a favor de lo que hoy es la ley No. 19.283, que solo prohíbe la compra de tierra a estados extranjeros (y esto sí es en defensa de nuestra soberanía), pero no a personas físicas o empresas extranjeras. ¿Es que Astori se opuso otra vez? ¿Acaso los inmigrantes extranjeros no fueron los primeros que crearon nuestra producción ganadera? Tenemos que recordar este hecho y homenajear así a Hernandarias y a todos los inmigrantes que por miles nos dieron nuestro ser productivo nacional. Recordar a nuestra escuela, cuando nos enseñaron que Uruguay era un país agrícola-ganadero. Y lo sigue siendo, a mucha honra.
Ahora, el nuevo proyecto se centra en bienes categorizados como rurales (ya sea productivo, natural o ambos), y dispone en su art. 4º, que las personas físicas de nacionalidad extranjera, (tengan o no domicilio o residencia en el territorio), pueden adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión de tierras, si cumplen uno de estos cuatro requisitos: 1) tener ciudadanía legal, 2) contar con diez años de residencia continua, permanente y comprobada en el país, 3) tener hijos uruguayos y demostrar una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco años, 4) estar unidos en matrimonio o concubinato con una persona de nacionalidad uruguaya, con cinco años de anterioridad a la fecha de celebración del negocio jurídico y demostrar una residencia continua, por igual término. Luego agrega que no podrán adquirir tierras «personas jurídicas o empresas constituidas en un país distinto a Uruguay o cuyo capital sea en su mayoría de titularidad de personas físicas de nacionalidad extranjera o personas jurídicas constituidas en el extranjero». Se argumenta que el problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía, en base a un informe de la ARU, que afirma que entre el 2001 y el 2017 se habían perdido en el país 8.000 hás. que pasaron a manos de extranjeros. En verdad, nuestra soberanía se ha perdido con el contrato de adhesión que el gobierno frentista firmó con UPM2, y no hemos visto comentarios contrarios de la izquierda a ese adefesio jurídico mal hecho, mal redactado y de total entreguismo a una multinacional finlandesa. Ni al brutal incremento de nuestra deuda externa, tan impagable como condicionante a la hora de tomar decisiones.
Pero además, el impacto político más importante, es que varios senadores de Cabildo Abierto, han manifestado su beneplácito por el proyecto frentista (no olviden que este partido tiene una clara postura nacionalizante), y han señalado que si se hacen algunos cambios, están dispuesto a votarlo. Si eso pasa, la ley se aprueba pues tendría los votos necesarios. Estaríamos reafirmando el principio de que a veces, los polos opuestos se juntan. Pero con esta mala consecuencia: Cabildo Abierto se olvida (otra vez) que forma parte de una coalición de gobierno, y que un acto de esta naturaleza, significa un muy mal precedente en cuanto a la existencia y efectividad de esa coalición.
