Por Gustavo Varela
Desde el retorno de la democracia, y ante cada uno de los cambios de período de gobierno, principalmente cuando es de distinto “color político”, se anuncian por parte de las nuevas jerarquías, con bombos y platillos, la creación de auditorías que son las encargadas de estudiar y realizar informes con respecto al manejo económico y legal de los gobiernos salientes.
Eso da lugar a que con los informes en la mano todos los gobiernos anuncien desvíos económicos, desprolijidades contables, y otras actuaciones más, que terminan en los estrados judiciales, generando titulares de prensa catastróficas, y hasta hoy, culminan su periplo con el archivo de las actuaciones sin otro más.
Acá en Salto ocurrió y va a seguir ocurriendo.
El “rocambolesco” Intendente de Salto, al inicio de su primera gestión denunció a una gran cantidad de funcionarios del gobierno anterior, (que en muchos casos tienen varias veces más ética y probidad que él mismo), de integrar una “sociedad ilícita para delinquir”, causa que duerme y dormirá un sueño eterno.
Pero esto no es la cuestión.
Esa práctica de “judicializar la política”, no le hace nada bien a la política, ni al País ni a nadie, salvo para distraer por un tiempito, y en muchos casos, causa más un perjuicio personal para los damnificados que ganancia política para quien la realiza, salvo que se tenga la seguridad de estar ante un delito, lo que en el 99 % de los casos se sabe que no.
Todo se reduce, desde mi punto de vista, a la falta de autoridad que tiene el Tribunal de Cuentas como consecuencia de no tener normas jurídicas que realmente impidan que aquel jerarca que va a realizar un gasto y se lo observa el Tribunal de Cuentas, por “equis” causa, lo realice igualmente sin importarle dicha oportunidad o legalidad.
La desprolijidad con que manejan los dineros (recursos de todos) algunos jerarcas, es algo increíble, pues saben que no tienen sanción alguna, salvo un tirón de orejas. El Tribunal de Cuentas, que mira el gasto previamente e indica si cumple con los procedimientos regulados legalmente, no tiene poder para frenar el gasto y que se corrija lo que está mal o no se lleve a cabo el gasto.
Es hora de reforzar las potestades del mencionado organismo, y quizás también de endurecer las penas para aquellos que no se conducen correctamente.
Obvio, siempre y cuando se quiera cambiar algo que no está funcionando.
Muchas veces escuchamos quejas de cómo se dilapidan los dineros, pero se sigue votando a los candidatos que así lo hacen.
No hay que tener miedo de ir a fondo y crear normas y sanciones de verdad, aplicables y cumplibles, pues de otra manera veremos que los recursos económicos, que tanto cuesta aportar a las arcas de los distintos gobiernos, se evaporan como el humo. Humo como el que hizo el “Campañesco Intendente”.
