Por el Dr. César
Signorelli
Resta mucho camino por adelante para saber a ciencia cierta hacia donde se dirige el sistema jubilatorio uruguayo, pero el Informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social marca líneas muy claras. Le seguirá el tratamiento parlamentario y, con marcada influencia, las tensiones entre operadores absolutamente heterógeneos (como por ejemplo representantes de empleadores y trabajadores de la actividad privada y profesionales universitarios, estos últimos avanzando en un acto eleccionario).
En primer lugar se deberá hacer notar que la Comisión estrictamente elaboró propuestas, las que no revisten la calidad siquiera de proyecto de ley, aunque claro está, serán el principal insumo.
En segundo lugar que no se trata en rigor de una reforma de la seguridad social, sino únicamente del sistema jubilatorio.
Dos objetivos centrales fuertes se divisan: obtener la mayor equiparación posible en el disperso sistema y obtener soluciones a largo plazo para el eterno problema de financiación.
Seguramente en atención a esto último la propuesta no afecta a quiénes estén próximos a la edad jubilatoria, se mantienen el subsidio por inactividad compensada y la posibilidad de jubilarse y seguir trabajando.
Sumado a esto, dispone un sistema gradual de aumento de la edad legal de retiro, que actualmente es de 60 años pero que en términos reales se ubica entre los 60 y 63 años promedio, de un año para los nacidos en el año 1967 (o 1971, no se encuentra definido) hasta alcanzar los 65.
Este punto es el que suele generar mayores preocupaciones en las personas que trabajan, dado que organizan su vida en relación al trabajo, con el que no siempre se cuenta (el trabajo, un bien escaso, expresión acuñada por el Profesor español Manuel Alonso Olea). De tal modo, que la reforma de un sistema jubilatorio considere el aumento de años de trabajo y la edad (cuando el segmento de los más cercanos a jubilarse integra un quintil particularmente débil) genera, sino preocupación, por lo menos mayor atención.
La reforma se orienta a una convergencia de tratamiento de todas las Cajas y segmentos de beneficiarios, con algunas excepciones y atendiendo a ciertas particularidades. Se tiende entonces a igualar los beneficios entre el sistema general del BPS y las restantes cinco Cajas, o sea, Bancaria, Notarial, de Profesionales, Militar y Policial, para quiénes se incorporen al mercado de trabajo y para los que vayan pasando gradualmente, con lo que podría decirse que toma a la persona que trabaja, cualquiera sea la modalidad bajo la cual lo haga. Ya sea para el Estado, como profesionales independientes o el trabajo más típico y desarrollado que se conoce, que es el dependiente privado.
Todos los que se incorporen a trabajar ingresan en un sistema mixto de aportación: una parte por ahorro individual y otra por el sistema de solidaridad intergeneracional. Y ya adelantamos a decir que esto resultará extremadamente complejo en las Cajas Notarial y de Profesionales, que no reciben aporte patronal.
Se establece un sistema de pasividad mínima que se obtiene del promedio de los 25 mejores años de aportes (en sustitución del actual de los últimos 10 o el promedio de los mejores 20) que se ubicaría en el eje de los $ 39.000. Esto se estaría obteniendo como consecuencia de la mejora en el sistema de aportes, fundamentalmente por el de ahorro individual (para el cual se recomiendan medidas económicas y financieras para obtener un mejor rendimiento) y, en caso de no alcanzarse, recibe asistencia que lo complementa hasta llegar a ese piso.
Del proceso natural y normal de discusión, pautado por una especial coyuntura, habrá de salir una solución final.
