De una encuesta recientemente divulgada se desprende que la enorme mayoría de la población entiende que la reforma jubilatoria debe ser consecuencia de un consenso entre gobierno y oposición.
Para que esto suceda deberá intensificarse y mejorarse el diálogo. Hay un punto de partida en común, que es que el aspecto demográfico y el aumento de la expectativa de vida resultan decisivos en la financiación y sostenibilidad del sistema. Nacen pocos uruguayos y extienden sus años de sobrevida a la edad jubilatoria actual.
Pues bien, los cambios propuestos, sintéticamente expuestos, son los siguientes y no todos tienen la misma significación o impacto, tampoco la misma prensa.
Con carácter general, se unificarán los regímenes jubilatorios en uno solo, nucleándose en el BPS los que ya están (industria, comercio, civil, rural, docentes) a los que se agregarán Servicios Militares, Caja Policial, Bancaria, Notarial y Profesionales Universitarios, en un proceso gradual de 20 años, en que habrá un sistema previsional común, aunque manteniendo características propias de las diferentes actividades.
El actual sistema que combina el solidario (de reparto intergeneracional) y otro de capitalización de ahorro individual (AFAP) se extiende a todos los sectores y por lo tanto aplicará a todos los nuevos trabajadores.
Se introduce el envejecimiento activo universal, lo que se traduce en que se extiende a todos los jubilados la posibilidad de trabajar (habrá un sistema especial) lo ahora está reservado solo para algunas situaciones.
Se incluye alguna medida novedosa y optativa para el trabajador orientada a mejorar su jubilación, como por ejemplo que el descuento de dos puntos de IVA que se hace por el uso del débito puedan ir directamente a su cuenta individual de ahorro.
Las medidas de mayor impacto sin duda alguna las constituyen aquellas que tiene que ver con el aumento de las edades de retiro, la que con carácter general pasará gradualmente de 60 años a 65 y alcanzará a quienes hayan nacido del año ‘67 en adelante, manteniéndose el actual sistema a quiénes hayan nacido antes y no alcanza a quiénes tengan 40 años de trabajo o más, los que podrán jubilarse a los 60 años.
Ciertas actividades que se consideran con mayor exposición a ciertos riesgos o de exigencia física particulares, concretamente trabajadores rurales y de la construcción, no se ven alcanzados por la reforma y mantienen la edad de jubilación a los 60 años, mientras que otros tendrán bonificaciones para el cómputo de edad, como por ejemplo los maestros, que mantienen su bonificación actual de 4 años de cómputo por cada 3 trabajados.
En el caso de los policías ejecutivos pasan de la bonificación actual de 7 años de cómputo por cada 5 trabajados y de configurar causal con 35 años de servicios, a 6 de cómputo por cada 5 trabajados, pero pasan a configurar causal con 30 de trabajo, equiparándolos al resto del sistema.
Se prevén dos modalidades de retiro para los militares, el obligatorio y el voluntario, el primero de ellos para el militar estrictamente, o sea que no incluye a los servicios secundarios, aumentándose 5 años las edades de retiro obligatorio, manteniéndose la bonificación de servicios establecida en 2018, pero únicamente para el personal propiamente militar, creándose un régimen especial por incapacidad o fallecimiento en acto directo de servicio.
Por último, es de mencionar que se establece una prestación universal para todas las personas mayores de 70 que no puedan configurar causal jubilatoria por falta de historia laboral, aportes o años de trabajo.
Este es un muy apretado resumen. Como se puede apreciar, hay mucho para analizar con mayor detalle.
