El canciller Omar Paganini compareció ayer ante la Comisión Permanente del Parlamento para informar sobre las decisiones vinculadas a la gestión de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, luego de que Diputados declarara en octubre que “resulta imprescindible el cese inmediato de quienes hayan sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”, reclamara la renuncia de los tres delegados uruguayos en CTM y una auditoría de gestión.
DESIGNACIONES
Paganini informó que de las 35 personas que fueron designadas de forma directa desde 2020, 23 cambiaron su contrato o fueron cesadas y en rueda de prensa respondió sobre el reclamo del Frente Amplio y Cabildo Abierto, que reclaman el cumplimiento de todas las renuncias y ceses de los cargos. “Entendemos que el pedido de la Cámara de Diputados es respetable y ha sido un mandato muy fuerte sobre el funcionamiento de las comisiones y en particular de la CTM de Salto Grande”, dijo el canciller, pero destacó que “no es vinculante, porque hay un marco jurídico superior, que es el tratado que obliga a que determinadas decisiones se tienen que tomar en conjunto con Argentina, y también porque hay derechos adquiridos por los funcionarios”.
DENTRO DE LA LEY
El diputado Nicolás Viera del Frente Amplio planteó en la sesión parlamentaria que con el funcionamiento de la comisión “se formalizó la corrupción”. Consultado al respecto, el canciller respondió que “la discusión sobre la excesiva discrecionalidad que tienen los jerarcas tiene un marco mucho más amplio” y recordó que “las comisiones binacionales históricamente han tenido margen de maniobra para tomar decisiones”, razón por la que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento, sobre el que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado propuestas de cambio, “para darle un poco menos de margen de maniobra a los delegados”. La iniciativa establece, por ejemplo, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) revise el presupuesto y que “haya instructivos para la designación de cargos”. El canciller destacó que “todo se hizo dentro de la ley”, por lo que a su criterio “es equivocado hablar de corrupción”. De todas maneras, aclaró: “Sí se puede considerar que hubo utilización discrecional” de fondos “que el Parlamento cuestionó, y se está intentando corregir”.
EDILES
De los 10 ediles designados de forma directa, cuatro siguen en sus cargos en CTM, sin cambios en sus contratos. Cancillería informó que de los cuatro, tres curules renunciaron a la Junta Departamental, mientras que una edila sigue en Salto Grande y en el órgano legislativo. “Las personas tienen derecho a la actividad política y no está vedada por trabajar en Salto Grande; no es la primera ni la última persona que lo hace. Tuvimos incluso jerarcas en períodos pasados: un secretario general que fue edil. No creo que haya herramientas legales para exigir cosas”, puntualizó Paganini, y reconoció que “lo que sí hubo fue una discusión política en el Parlamento en su momento que le parecía exagerado que tantas personas sean ediles y por ese motivo desde el punto de vista político se pidió que optaran, y han optado, pero esta persona entiende que puede seguir en ambos cargos”. (El País)
