Así debe ser

Dr. Fulvio Gutiérrez
El pasado lunes 29 de julio, el Honorable Directorio del Partido Nacional, resolvió por unanimidad, aceptar las renuncias de Pablo y Rodolfo Caram, y de Valentina Dos Santos, y comunicar a la Corte Electoral, que los tres renunciantes, quedaban impedidos de presentarse a cualquier cargo electivo, bajo el lema del “Partido Nacional”.
El Directorio cumplió con una función que debía necesariamente cumplir, y dio un magnífico ejemplo de ética jurídica y política. No cabía otra decisión. Demasiado graves y vergonzosos fueron los actos de corrupción que protagonizaron estos jerarcas de la Intendencia de Artigas, abusando de los cargos que ejercieron en el gobierno departamental de Artigas, en el caso de Pablo y Rodolfo Caram, y usurpando funciones públicas como las que realizó en la Intendencia de aquel departamento, Valentina Dos Santos, cuando era Representante Nacional.
El fundamento de dicha resolución, estuvo en el hecho de que las tres personas mencionadas, habían aceptado en la Sede Judicial, su responsabilidad en actos contrarios a la ley y reñidos con las obligaciones que les fueron encomendadas en procura de una buena administración y cuidado de los recursos públicos. Reafirmaba además el Directorio, que “en el Partido Nacional no tienen lugar quienes se aparten de la Constitución y la Ley en el ejercicio de la función pública, más aún cuando la ocupan en nombre del Partido o las hubieren obtenido para representarlo con el esfuerzo militante y el voto de quienes confiaron en la historia y principios de nuestra colectividad”.
Quienes se apartan de los principios de honestidad, transparencia y buena administración; quienes pretender ser impunes en base a cargos importantes que ostentan; quienes demuestran de esa triste forma su ineptitud para ocupar esos cargos; quienes traicionan al pueblo que los puso en ese lugar para obtener privilegios personales, no merecen haber ocupado esos cargos, y no deben ocuparlos nunca más.
Alguien me dijo que, en Artigas, esas situaciones siempre ocurrieron, sin importar el partido que gobernaba. En verdad, una afirmación de ese tenor, es muy triste. Pero, además, es injusta por ser genérica; es cobarde, porque enloda a todos en una sola bolsa, emparejando inocentes con culpables, y porque “no les da el cuero” para señalar a estos últimos, tal vez porque ellos mismo sacaban una lonja de ese cuero. Conozco a la gente de Artigas, y tal vez algunas cosas pasan porque esa buena gente, que son los más, usan su tiempo en el trabajo honesto, en el cuidar a su familia y educar a sus hijos. Porque, además, en política, cuando se lucha para ganar una elección, hay que ganar para que valga la pena. Y para que valga le pena, hay que trabajar en bien del departamento, cualquiera sea el trabajo que se haga, o lo que se produzca.
Sin pensar en beneficios personales, porque si se mejora el todo, se mejora a cada uno de quienes integran ese todo. Así de simple y así de sencillo. El que gobierna no debe ser soberbio. San Martín dijo alguna vez que “la soberbia es una discapacidad que puede afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. En este caso, ese poder duró solo cinco años. O tal vez menos. Y su mal uso, los condenó a no tenerlo más. Por lo menos dentro del Partido Nacional.
Sin perjuicio de ello, varias cosas quedaron pendientes. No hay que olvidar el principio constitucional de que “los funcionarios están al servicio de la Nación, y no de una fracción política” (art. 58), y que, como lo complementa el art. 59, “el funcionario existe para la función, y no la función para el funcionario”. El Tribunal de Cuentas fijó el monto de las licencias pagas en forma indebida en $72.700.000, y recomendó hacer sumario a 53 funcionarios. Es un buen comienzo. La Intendenta Elita Volpi, tiene la palabra.