Pablo Mieres
Si algo define las orientaciones de un gobierno, mucho más que los anuncios y discursos, son las decisiones que se toman en materia de políticas y la distribución de los recursos disponibles.
Es por eso que, más allá de las críticas de la oposición, a la hora de la verdad, la Rendición de Cuentas de este gobierno indica una firme prioridad en el gasto dirigida a los más vulnerables y a los más débiles.
En efecto, en un contexto de inevitable austeridad, resultado de un déficit fiscal muy elevado que heredamos del gobierno anterior a lo que se sumó la grave incidencia de una pandemia que afectó a todas las economías del planeta, las únicas excepciones en donde se concentra el gasto público, definen con mucha claridad la preocupación por aquellos más excluidos de nuestra sociedad.
Alrededor de 50 millones de dólares se asignan a dar respuesta a la atención de la primera infancia, con especial énfasis en aquellos niños de 0 a 3 años que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza. Es duro saber que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, la pobreza continúa concentrada en los niños.
Fue el inolvidable Juan Pablo Terra quien puso este tema sobre la mesa con una investigación categórica que acuñó el concepto de la “infantilización de la pobreza” en 1989. Y si bien ha habido una reducción de la pobreza durante las últimas décadas, las diferencias por grupos de edad siguen siendo particularmente duras.
Entre los niños de 0 a 5 años la pobreza afecta al doble de individuos de lo que ocurre en el conjunto de la población. Esta realidad nos obliga a actuar con énfasis y, por lo tanto, fundamenta de manera irrebatible esta opción que el gobierno realiza en la concentración de recursos para atender a los más débiles de los débiles, los niños de nuestro país.
La segunda opción que se recoge en el texto de la Rendición de Cuentas se orienta a establecer recursos para subsidiar el empleo para los sectores vulnerables, con mayores dificultades para obtener trabajo.
En este sentido, el texto de la Rendición de Cuentas incluye una partida de 8 millones de dólares a la que se suma otro tanto proveniente del Fondo de Reconversión Laboral para financiar los subsidios que se disponen para incentivar la contratación de jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.
Cuatro grupos que, por diferentes razones, tienen notorias dificultades para acceder a un empleo.
Finalmente, la tercera opción que se recoge en la Rendición de Cuentas es la asignación de recursos para impulsar un vigoroso plan de erradicación de los asentamientos irregulares.
Nuestro país tiene una asignatura pendiente con respecto al incesante crecimiento de estos conjuntos habitacionales que hieren la sensibilidad sobre las condiciones de vida de alrededor de 200 mil personas que viven en una situación precaria desde el punto de vista de la vivienda y el acceso a los servicios básicos.
Para ello, habida cuenta de la dificultad de obtener recursos nuevos para financiar este programa necesario y urgente, se propone modificar el destino de un par de impuestos que tienen actualmente como destino el Instituto Nacional de Colonización para la adquisición de tierras a efectos de promover dicha actividad en el medio rural.
Las tierras disponibles para el INC permiten trabajar en los dos campos de manera simultánea.
En síntesis, como dijimos al principio, las orientaciones de un gobierno se definen en las políticas que se impulsan.
La primera infancia, los sectores vulnerables en materia de empleo y las familias que viven en los asentamientos son de los más afectados en nuestro Uruguay de hoy. El gobierno los prioriza demostrando que la sensibilidad social es el centro de nuestras preocupaciones. Todo lo demás, son discursos vacíos.
