Dr. Fulvio Gutiérrez
La iniciativa del PIT CNT para poner a consideración de la ciudadanía una reforma constitucional referida a la seguridad social está, por el momento, a la decisión de la Corte Electoral, quien analiza si el número de firmas llegó a las 270.000 requeridas. La iniciativa tiene una serie de características formales y de fondo que es conveniente analizar.
Desde el punto de vista formal, llama la atención que se trata de una reforma que no cuenta con el apoyo de la clase política en general. Incluso dentro del FA, solo la apoya el Partido Comunista y el Partido socialista. El FA como coalición, se lavó las manos y dejó en libertad de acción a sus grupos y a sus militantes de base. Una forma elegante de salir del aprieto en que lo puso el PIT CNT.
Sin perjuicio de que la iniciativa tampoco cuenta con el apoyo de todos los sindicatos afiliados, y que hay colectivos de economistas y académicos, algunos de izquierda, que también manifestaron su oposición. Se dirá que igual se alcanzaron 430.000 firmas, como lo dijo la central proponente. Sí, pero la información que surge de la Corte Electoral es la enorme cantidad de firmas que son anuladas, y que, por ahora, rondan en el 25%.La falta de firma, firmas que no coinciden con la auténtica, personas que no se encuentran en el padrón, datos incompletos, etc, llevan a ser cautos. Entonces, esperemos.
Desde el punto de vista de fondo, el análisis detallado de la propuesta de reforma, me lleva a hacer, aunque en forma sintética, las siguientes consideraciones.
En primer lugar, la reforma propuesta tira abajo todo el sistema de la seguridad social desde el año 1996 para acá, creando un caos jurídico fenomenal, que nadie sabe cómo se podrá salir de él, y menos lo saben los propios proponentes de la reforma. Apretados por esta concientización de la realidad que proponen, ahora salen a decir que eso quedará en manos de la reglamentación que se deberá aprobar dentro del año de aprobada la reforma. Mentira. Toda reglamentación debe ajustarse a la norma que se reglamenta, y jamás podrá modificar, cambiar ni derogar lo que ella establece.
En segundo lugar, la reforma promueve la jubilación con 60 años de edad, y eso a los futuros próximos jubilados les ha gustado. Otra mentira, porque la mitad de los aportantes al BPS no podrán acceder a su pasividad, ya que, al cumplir los 60 años, no tendrán los 30 años de trabajos requeridos, y por tanto, deberán seguir trabajando luego de los 60 años.
En tercer lugar, se propone que ninguna pasividad será inferior al Salario Mínimo Nacional. Esto no es posible, porque rompe con el principio de que la jubilación de cada pasivo, está calculada en base al monto de los aportes que hizo en su edad laboral activa, por lo que, esta iniciativa en la mayoría de los casos no se podrá cumplir. Quien tenga una jubilación menor al Salario Mínimo Nacional (hoy $22.268), recibirá un aumento hasta igualarlo, pero quien tenga una jubilación mayor no tendrá aumento alguno. Además, esta exigencia permite al gobierno de turno, no aumentar el monto del Salario Mínimo Nacional, porque si lo hace, va a aumentar el déficit de todo el sistema previsional.
En cuarto lugar, la prohibición de los seguros individuales, y por tanto la derogación de las AFAP, es una clarísima confiscación de ahorros privados de cada trabajador aportante, e incluso perjudica a los herederos de cada trabajador. Las AFAP son empresas que administran los aportes de los afiliados. Cada afiliado tiene una cuenta a su nombre que se compone de sus aportes y de la rentabilidad que generan. Son dineros propiedad de los trabajadores. La reforma propone que ese dinero, le sea quitado al aportante (hablando en criollo se lo roban), y se lo pasa al BPS, para que lo administre. Con este agravante; como la reforma no habla de AFAP, sino de seguros individuales, también desaparecerán los seguros individuales que ya tienen el Sunca y la Femi.
En quinto lugar, esta absurda e insólita confiscación del dinero de los trabajadores depositados en las AFAP, y la renta que originaron, va a suponer una andanada de juicios contra el Estado, además de la pérdida del prestigio que a nivel internacional tiene el Uruguay, agregando la pérdida de la calificación que actualmente tiene de su grado inversor, y la negativa del gobierno que sea, a obtener préstamos a nivel internacional y, de obtenerlos, a pagar altos intereses.
En sexto lugar, si la reforma se aprueba, se va a producir un extraordinario aumento del gasto fiscal. ¿Cómo se lo financia? Aumentando impuestos o creando nuevos impuestos.
En definitiva, la reforma constitucional propuesta por el PIT CNT, es un disparate, y no puede ser aprobada. El pueblo uruguayo debe saberlo.
