Por Pablo Perna
El 8 de julio de 2005 asumía como intendente de Salto Ramón Fonticiella; era la primera vez en nuestra historia que gobernaba la izquierda a nivel departamental y nacional. En toda América Latina venía el tsunami de gobiernos zurdos y nuestra aldea también fue alcanzada. Chávez fue el pionero y había comenzado con expropiaciones y mediante denuncias penales armadas a opositores políticos, con un poder judicial que comenzaba a corromperse, mandó presos a todo el que quiso. Muchos uruguayos por temor a que se repitiera ese ejemplo vendieron sus bienes y enviaron sus dineros al extranjero y otros masivamente solicitaban sus pasaportes.
Felizmente Vázquez condujo el país con moderación, pero en Salto Fonticiella comenzaba a infundir el temor, por lo que al mejor estilo chavista comienza a auditar los 10 años del gobierno del Esc. Malaquina e inaugurar la judicialización de la política, denunciando penalmente a sus opositores políticos. Por lo que en su gobierno es denunciada penalmente la Ing. Roxana González, quien fuera mano derecha de Malaquina y la primera mujer intendenta de Salto. El motivo era por presuntas irregularidades en la compra de explosivos para obras viales, que termina archivándose.
En julio de 2010 asume Germán Coutinho y comienza a evidenciarse graves irregularidades en la administración de Fonticiella, por lo que en su gobierno se realizaron dos denuncias penales, una dirigida al hijo de Fonticiella, por sus presuntas maniobras fraudulentas en los manejos de fondos públicos cuando era Director de Turismo y una segunda por la presunta compra fraudulenta de la Intendencia de una chacra a un pariente del intendente de turno, por cientos de miles de dólares una semana antes de dejar el Gobierno. Ambas denuncias fueron archivadas.
En julio de 2015 asume Andrés Lima como intendente y sigue el mismo patrón de conducta, pero se le va la mano, realizando durante sus primeros 5 años de gobierno 6 denuncias penales contra la administración y entorno de Coutinho. La primera denuncia fue por presuntas retenciones indebidas en los haberes de funcionarios, la segunda por presuntos cobros indebidos en el Congreso de Intendentes, la tercera por presuntos desvíos de fondos en proyecto banco de leche con Japón, la cuarta por presunta venta indebida de maquinarias y la quinta por presunto desvío ilícito de fondos en obras inconclusas o inexistentes provenientes de fideicomisos. Todas se terminaron archivando.
Lo hasta aquí escrito nadie me lo ha contado, lo he vivido en virtud que desde el 2005, en mi carácter de abogado y penalista, he tenido participación en todas ellas sin excepción, como asesor, defensor, denunciante y/o denunciado. La sexta denuncia penal fue dirigida hacia mi persona cuando fui uno de los tres candidatos a diputado de Coutinho, por presunta apología del delito por mi eslogan “Mano dura y Plomo”. Desde el 2018 venía hablando sobre el tema, pero recién en el 2019 a una semana antes de las elecciones, 7 asociaciones civiles de feministas y comunistas resuelven realizarme una asonada frente a Fiscalía y en rueda de prensa presentan la denuncia. Sostuve que me ocuparía primero de ganar la diputación y luego de la denuncia; efectivamente me auto defendí y también archivaron el caso, pero los zurdos lograron su objetivo, en el 2019 no obtuve la diputación.
Ahora el Partido Nacional anuncia que realizará denuncia penal contra Lima por clientelismo político, por distribución de terrenos a punteros políticos y desde el FA comienzan auditorias sobre CTM y “Fundación a Ganar” apuntando a la cabeza de Albisu. Pareciera que en política para obtener una “maestría” como condición es haber soportado una denuncia penal.
Así las cosas, Ramón: ¡hazte cargo de la tendencia que comenzaste!
