Por el Dr.
Pablo Perna
Hace dos semanas a raíz del programa “Santo y Seña”, ha explotado el escándalo por presuntos actos de corrupción encabezados por el Senador del Frente Amplio Charles Carreras, cuando ocupaba el cargo de Director General del Ministerio del Interior, motivo por el cual las actuales autoridades presentaron denuncia penal contra el hoy legislador.
El asunto proviene desde el año 2012, cuando en la casa del sub comisario de La Paloma, pegada a la comisaria, se encontraban los funcionarios de fiesta, cuando su vecino de 26 años al escuchar disparos que provenían de la vivienda, sale a observar que sucedía y en ese ínterin es alcanzado por un disparo que lo ha dejado paralitico. Realizada las denuncias de estilo, los funcionarios policiales que debían ser diligentes con la investigación, no cuidaron como corresponde la escena de los hechos, en cuanto hubo personas que participaron en la celebración del sub comisario, pero desaparecieron antes que llegaran funcionarios del juzgado y fiscalía. El disparo hasta la fecha no se ha demostrado científicamente de dónde ha salido, pero misteriosamente desaparece de la seccional un arma de fuego con la que supuestamente provino el proyectil que impacto sobre la víctima.
Pero si bien es grave lo que ha sucedido con el joven, lo que agrava la situación es la actitud que tiene el jerarca del Ministerio del Interior en ocuparse personalmente de este tema. Declara el hermano del herido, que mientras su hermano se encontraba internado en el Hospital de Clínicas, comienza a recibir visitas esporádicas de Carreras, quien en la primera visita saca de su bolsillo $ 10.000 y se lo entrega, sin saber los motivos de la generosidad. Le ofrece alquilarle un apartamento y trasladarlo para realizarle fisioterapia en el Hospital Policial, cuando en este centro asistencial son admitidos únicamente policías y/o familiares de policías, y el herido no reunía ninguna de las dos condiciones para su ingreso. De este modo, de manera arbitraria, el herido y su hermano pasan a residir en el Hospital Policial por el plazo de tres años y como si fuera poco, Carreras le gestiona tickets de alimentación por $ 20.000 mensuales.
Cuando la familia decide realizar la denuncia penal, fueron expulsados del Hospital Policial y automáticamente dejaron de percibir los beneficios de ticket de alimentación. La discrecionalidad de Carreras le costó a nuestro Estado la suma de U$S 260.000. El Director del semanario “El Bocón”, Jorge Bonica, al igual que cualquier persona con un poco de sentido común, se ha preguntado: “¿Por qué se ocupó de ir a ofrecer su ayuda?, ¿porque exponerse a utilizar el Hospital Policial 3 años y 20.000 por mes de ticket?, ¿Por qué hizo un mandado para que no se sepa quiénes estaban en la casa de donde salió el tiro?, ¿un narco muy famoso?, ¿un policía?, ¿Bonomi?, ¿quedaba en evidencia la sociedad del narcotráfico con el Frente?”.
Si bien a Carreras, de acreditarse estos hechos en la justicia, le debería corresponder desde falsificación ideológica por funcionario público, con mínima de dos años de penitenciaría, fraude, conjunción del interés personal y público, asociación ilícita para delinquir, entre otros, lo sorprendente es el apoyo incondicional que le ha dado la Mesa Política del Frente Amplio, por unanimidad, aceptando sus explicaciones al sostener que se trataba de una “maniobra política para ensuciar su imagen”.
La única voz disonante a la posición avasalladora de referentes y autoridades del Frente, que ponen las cosas en su sitio de manera sensata, razonada y lógica, ha sido la del Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, que ante los hechos ha declarado: “Si hay responsabilidades se tienen que saber”.
Pero por mientras que Lima se encuentra acertado, claro y contundente en sus declaraciones, al igual que en su actuar político, a menos de dos años de las elecciones internas, nos preguntamos ¿y los “lideres” de la Coalición en Salto como vienen?, siguen tibios y vendiendo humo, tratan de disimularlo, pero se les nota.
