La controversia en torno al cese de 291 funcionarios de la Intendencia de Salto, dispuesto por el intendente Carlos Albisu (Partido Nacional), escaló a un nuevo nivel luego de que el exintendente Andrés Lima (Frente Amplio) publicara un contundente video en sus redes sociales, acusando a la actual administración de actuar con "revanchismo político" y de desconocer instrumentos legales de negociación.
ATAQUE A LOS DERECHOS LABORALES
El conflicto se centra en la desvinculación de un grupo de trabajadores que habían adquirido su permanencia a través de un Convenio Colectivo firmado con el gobierno departamental anterior. Mientras Albisu y su equipo defienden la medida argumentando que el convenio era "claramente violatorio de normas legales y constitucionales" y que busca "ordenar la casa" de la comuna, el exintendente Lima sostiene que la decisión es un ataque directo a los derechos laborales y a la negociación colectiva.
REVANCHISMO POLÍTICO
Andrés Lima inició su declaración afirmando que los hechos de los últimos meses demuestran que el gobierno de Carlos Albisu está actuando con "revanchismo político". Además, el exjerarca cuestionó la narrativa del actual gobierno que busca equiparar los recientes despidos con los ocurridos en el año 2015, cuando el Frente Amplio asumió la Intendencia. Lima trazó una línea divisoria clara entre ambos procesos, basándose en la legalidad y el respeto a los acuerdos.
DIFERENCIAS CLAVE
Según Lima, el proceso de cese de funcionarios en 2015 se llevó a cabo tras reuniones y coordinación entre el gobierno saliente, el entrante (Frente Amplio) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), donde se concluyó que era "necesario disminuir la plantilla de funcionarios". En un punto crucial de su argumento, Lima destacó que en 2015 la Junta Departamental, "con el voto de los ediles de todos los partidos políticos", reconoció los mecanismos para llevar a cabo esos ceses. Pero la diferencia más significativa, según el exintendente, radica en el respeto a los acuerdos laborales: "en el 2015 no se cesó a ningún funcionario incluido en un convenio colectivo". Afirmó que su administración respetó los dos convenios que existían en ese momento, involucrando a inspectores de tránsito y funcionarios de la línea municipal del Ombrú, y parte de esos trabajadores continúan hoy en la Intendencia.
DESCONOCIMIENTO
DE NEGOCIACIÓN
La principal crítica de Andrés Lima al cese de 291 trabajadores en 2025 es que estos funcionarios "adquirieron su permanencia por un convenio colectivo". En este sentido, Lima aseveró que la administración de Albisu está "desconociendo el instrumento de la negociación colectiva" y los convenios colectivos firmados. Llevando la acusación al ámbito jurídico y supranacional, el exintendente sostuvo que el actual gobierno departamental está "incumpliendo leyes departamentales, está incumpliendo leyes nacionales, está desconociendo, además, convenios y pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo" (OIT).
CRUELDAD
Este enfrentamiento público y político profundiza el conflicto laboral en Salto, donde el sindicato municipal (ADEOMS) y el PIT-CNT ya han realizado movilizaciones, denunciando la violación de los derechos de los trabajadores y una política de "crueldad" y "persecución política". La Intendencia, por su parte, se mantiene firme en que su decisión es estrictamente jurídica y necesaria para el saneamiento financiero y administrativo.
