Dr. Fulvio Gutiérrez
Las crisis tienen siempre su parte positiva. Enseñan, convencen a no repetir errores, y sobre todo, agilizan la mente humana para crear soluciones. Así, las crisis económicas que afectan a un país, han hecho estimular el ingenio de los gobernantes de turno, que entre otras cosas, crearon órganos nuevos para solucionar situaciones imprevistas. Cuando las consecuencias de la crisis mundial de 1929 llegaron al Uruguay en 1933, provocaron un quiebre institucional que se tradujo en el golpe de estado del Presidente Gabriel Terra. Fruto de un acuerdo político, se redactó la Constitución de 1934, en la que se creó un nuevo órgano que se denominó Consejo de Economía Nacional con carácter consultivo. Se cometía al Poder Legislativo su constitución y determinación de las funciones que tendría, y sus integrantes –que eran honorarios- debían representar intereses económicos y profesionales del país. Se dirigiría a los Poderes Públicos por escrito, y podía opinar en las Comisiones del Poder Legislativo. Nada más se decía en dos escuetos artículos: 206 y 207. El nuevo órgano jamás cumplió funciones.
Es que este tipo de Consejos, con antecedentes en las corporaciones fascistas italianas, que en épocas de Mussolini pretendieron sustituir al Parlamento y prescindir de los partidos políticos, no se generalizaron en Europa, y por eso en nuestro país, fueron letra muerta durante tantos años. El temor a que se transformaran en medios de presión en las decisiones políticas con referencia a los temas económicos y sociales, ayudó bastante en esa omisión. La crisis del 2002, y algunas decisiones de la OIT que precisaba límites, ayudó a recordar lo que preveía nuestra Constitución, y entonces el Presidente Tabaré Vázquez, remitió un proyecto de ley que en definitiva fue la ley No. ley 17.935 del 15 de diciembre de 2005, y aprobó su decreto reglamentario con el No. 299/006 del 29 de agosto de 2006. Antes habían fracasado 14 iniciativas en ese sentido. No obstante, toda esta normativa, continuó siendo letra muerta.
Ahora, ante una crisis sanitaria que tiene gravísimas consecuencias económicas, y basados en el éxito rotundo del GACH, el senador Guido Manini Ríos propone al Presidente Lacalle Pou, poner en funcionamiento el Consejo de Economía Nacional integrado por representantes de los partidos políticos y de organismos sociales, para analizar y proponer soluciones a los problemas económicos consecuencia de la pandemia.
No compartimos la idea del senador Manini. El éxito del GACH se basa en que es un órgano científico, no político. Es obvio que en materia económica no se puede prescindir de los aspectos políticos. Eso está en la “tapa del libro”. La visión de país entre el gobierno y la oposición, están en las antípodas, y la oposición lo recuerda una y mil veces, porque está en sus principios y en sus programas. Si la izquierda se mantiene aferrada a su teoría de la lucha de clases, nada tiene que ver con la posición liberal y democrática que sostiene el gobierno. Esto, que es la base, estaría descartando la integración y eventual éxito de un pretendido Consejo de Economía Nacional, donde los consensos seguramente no se van a concretar. Es más. A mi juicio, si el Consejo se crea, más que un generador de soluciones, se va a transformar en una tribuna para la eterna discusión, que es lo que la oposición está buscando desde hace tiempo, y formalizar así esa “máquina de impedir” que es lo que practica un día sí y otro también. El gobierno no puede ignorar esta posibilidad.
