viernes 24 de mayo, 2024
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Reforma de la Seguridad Social

Estudio Signorelli & Altamiranda
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Por Joaquín Forrisi
Estudio Signorelli&Altamiranda
La Ley de Urgente Consideración del año 2020 creó la Comisión de Expertos de Seguridad Social CESS con el objetivo de hacer un diagnóstico del sistema previsional y presentar recomendaciones al Poder Ejecutivo para su reforma.
La sostenibilidad de la seguridad social es un desafío que tienen por delante todos los países, la mayor esperanza de vida, la baja tasa de fecundidad y un mayor bienestar de la población en edad de retiro es incompatible con la actual estructura de financiamiento del sistema. Alemania incrementó recientemente los aportes de los activos, y considera mantenerlo elevado hasta 2040. En diciembre 2017 el Gobierno de Macri en Argentina aprobó una reforma jubilatoria que deterioró significativamente su imagen pública, con importantes revueltas sociales.
En Uruguay, el gasto público en seguridad social ha sido creciente. Pasó de representar el 8% del PBI en 2003 al 11% en el año 2018. Este gasto se distribuye en prestaciones contributivas, que son las jubilaciones y representan el 10,5% del PBI, y prestaciones no contributivas, como son las pensiones a la vejez e invalidez y representan el 0,5% del PBI.
Uruguay tiene una amplia cobertura de seguridad social, el 95% de la población mayor de 65 años recibe algún tipo de prestación por parte del sistema de seguridad social y la jubilación promedio es aproximadamente el 65% del salario medio, además de que el 82% de las jubilaciones se encuentra por arriba de la línea de pobreza. De hecho, para 2018, la pobreza nacional era 9% mientras que la incidencia de la pobreza en los mayores de 65 años era de 1,4%, lo que contrasta con la pobreza infantil, donde en el mismo año el 17% de los niños menores de 6 años vivía en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Los aportes de los trabajadores tienen gran diversidad a causa de la coexistencia de diversos subsistemas. Mientras el aporte en algunos subsistemas, cómo el BPS, se aporta por los ingresos computables y tiene aportes patronales, otros subsistemas lo hacen sobre rentas fictas sin aportes patronales, cómo la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales.
Los pagos por jubilaciones y pensiones en el país alcanza el 12,9% del PB de los cuáles se destaca que el 9,2% corresponden al Banco de Previsión Social, 1,6% corresponden a las cajas paraestatales (Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, Caja Bancaria y Caja Notarial) y 1,2% al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Tan solo el 0,2% corresponde al régimen de AFAP.
En términos de financiamiento, la principal fuente de recursos son las contribuciones realizadas por los trabajadores y empleadores -52%- , en segundo término impuestos afectos -28%- y asistencia financiera -20%-.
Los impuestos afectos son afectaciones directas de impuestos que se dirigen al sistema de seguridad social. Actualmente son 6% de los 22% del IVA tasa básica, el 100% del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que pagan las jubilaciones mayores a $ 124.000 anuales y el 100% del Impuesto a la Lotería. La asistencia financiera directa es del 2% del PBI, mientras que la asistencia financiera total es del 48% de los ingresos.
Las prestaciones contributivas, por la reforma constitucional de la década del 90’, se ajustan por la evolución del IMS, lo que genera presiones de gastos en ciclos de auge económico y deterioros de las jubilaciones en ciclos recesivos donde la inflación es mayor al aumento nominal de los salarios, repercutiendo en una caída real de los ingresos de los jubilados.
Las prestaciones contributivas están ligadas a la formalización del mercado laboral. En el país la informalidad es la más baja de América Latina con 24%, pero conviven realidades dispares, donde en Montevideo asciende a 17% mientras que en Artigas es del 42% y en Salto del 35%.
La reforma para instaurarse deberá mantener considerar el equilibrio de las finanzas públicas y la vulnerabilidad social en la edad de retiro, particularmente medidas anti cíclicas para ciclos de baja real en los salarios y las características de las economías regionales.