Por Andrés Torterola
El llamado a sala impulsado por la bancada del Frente Amplio al intendente de Salto, Carlos Albisu, para conocer los fundamentos del cese de 292 trabajadores municipales, se caracterizó por la inmediata comparecencia de los representantes del Ejecutivo —la escribana Myrna Haller y los abogados Gabriel Rodríguez y Héctor Ferreira— asistieron a la sesión esa misma noche.
DOCE PREGUNTAS
Ante las 12 preguntas planteadas por la oposición, los representantes del Ejecutivo afirmaron que no existió fundamento jurídico alguno para desvincular laboralmente a los 292 trabajadores cesados. Explicaron que, tras un análisis pormenorizado, detectaron irregularidades e ilegalidades en el último convenio colectivo, señalando además que se confundió el concepto de convenio colectivo con el de negociación colectiva. Aclararon que la administración no desconoce esta última instancia, ya que está prevista por ley y reconocida por la OIT, pero subrayaron que ningún convenio puede ubicarse por encima de la Constitución de la República ni del Estatuto del Funcionario Público. Asimismo, explicaron que la Intendencia cuenta con su propio equipo jurídico, por lo que no se contrató asesoría externa ni se realizó gasto alguno con ese fin. Indicaron también que evitarían responder consultas que pudieran poner en riesgo los intereses de la administración, ya que algunas preguntas, según expresaron, podrían estar orientadas a fundamentar eventuales reclamos o demandas contra la comuna.
BANCADA OPOSITORA
Por su parte, el edil del Frente Amplio, Regino López, consideró insuficientes las respuestas brindadas por los representantes del Ejecutivo, destacando que se esperaba la presencia del intendente para explicar personalmente las decisiones adoptadas. “Sabemos que las decisiones son políticas, y desconocer el convenio colectivo también lo es. Sin embargo, recibimos explicaciones jurídicas sin precisar cuál fue el artículo de la Constitución que, según el Ejecutivo, se habría vulnerado. Ante preguntas concretas, no hubo respuestas concretas”, expresó. López también mencionó la existencia de versiones sobre un presunto estudio jurídico financiado por el intendente y el secretario general, lo que -según dijo- generó contradicciones, ya que los representantes del Ejecutivo negaron su existencia.
POLÍTICA DE INGRESOS
En cuanto a la política de ingresos a la Intendencia, el edil manifestó que tampoco se brindaron precisiones, especialmente teniendo en cuenta que la desvinculación de 291 funcionarios podría afectar los servicios esenciales. “Pareció que se intentó minimizar el llamado a sala. Como bancada, consideramos que las respuestas no despejaron las dudas ni abordaron los temas de fondo”, concluyó. Finalmente, López informó que aguardarán la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, que habría convocado por unanimidad al intendente Albisu, y luego definirán los próximos pasos a seguir.
