Lo señaló el Diputado de la Coalición, Daniel Peña. El representante nacional del Partido de la Gente difundió un comunicado en el que afirma que, sus compañeros de ruta no están dispuestos a limitar los abusivos intereses que cobra el sistema financiero, y afirma que, por un lado, “el gobierno hace silencio sobre su proyecto contra la usura y, por el otro, Cabildo Abierto agita un proyecto que nada tiene que ver con limitar los intereses usureros.”
“Unos miran para otro lado y otros distraen la discusión de fondo.” Con esa frase, el diputado de Canelones, Daniel Peña, integrante de la Coalición de gobierno, resume lo que cree son las posiciones adoptadas por sus socios políticos ante el proyecto que presentó, hace ya más de dos años, para limitar los intereses usureros que cobran las entidades bancarias en el Uruguay. En una declaración que lleva su firma, Peña dice que “a veces, para debilitar una posición, en lugar de rechazarla en forma directa, se crea una falsa alternativa. Otras veces, se calla y se mira para otro lado.” Y que estas parecen ser las reacciones que provocó su proyecto, en sus compañeros de ruta, para ponerle límites a la usura en el Uruguay.
Peña explica en esa declaración que su proyecto plantea regular las operaciones de crédito, modificando la ley 18.212 sobre usura, que fue votada por el Frente Amplio en 2007, entendiendo que es urgente modificar los aspectos para el que toma un préstamo en la imposibilidad de pago, en especial cuando por alguna razón justificada quien se endeudó cae en mora. El legislador dice que “hay que atar los intereses a la inflación y limitar también los intereses por mora. No puede ser que, con una inflación de un dígito o a lo sumo del 10%, los intereses por mora superen el 200. Se trata de aplicar justicia y el sentido común en defensa de los trabajadores. Para eso, hay que modificar la base de cálculo de la mora, ya que, como la usura se calcula sobre una tasa media bancaria, a esa tasa en mora se le aplica entre un 60% y un 85%, y luego se le suman los gastos administrativos y los seguros. Por lo cual, en algunos casos, la gente que tomó un préstamo y entró en mora, llega a pagar más de un 200 % de interés.” Al mismo tiempo, Peña refiere que el proyecto que está difundiendo Cabildo Abierto, “intenta intervenir en situaciones ya reglamentadas, y pretende legislar hacia atrás en un aspecto” y considera que “aprobando esa iniciativa- que sería inconstitucional –todo seguiría igual, porque no busca limitar la usura…” y le atribuye a Cabildo la intención de posicionarse ante el cronograma electoral y no de limitar las abusivas ganancias de los bancos y financieras. Al gobierno, Peña le dedica otro párrafo: “Desde el resto mi espacio, también la reacción fue en línea con los intereses financieros.
El gobierno, que me expresó en más de una oportunidad su respaldo, parece haber decidido que el proyecto vaya muriendo en brazos del olvido y la indiferencia, arrojando un sospechoso manto de silencio, mientras mira hacia otro lado.” Y asegura que, no se quedará callado, ya que, afirma: “el pueblo debe tener claro qué defiende cada uno. Es una discusión de fondo. Y la voy a seguir planteando, más allá de de las maniobras de distracción o del silencio equívoco de mis propios compañeros de ruta.”
