Juan Carlos Ambrosoni
Algo está pasando. En el último año fueron reiteradas las ocasiones donde (ex) jerarcas de los directorios del Estado han renunciado o ni siquiera han llegado a ejercer el cargo que se les había confiado. Es evidente que hay ciertos fallos, por un motivo u otro estos no han dado la altura de timonear algunos sectores del gobierno. ¿Pero cómo es que llegan a cargos tan altos este tipo de personas tan poco preparadas? ¿Quién los designa y por qué nadie se da cuenta que no están aptos para tareas tan importantes?
Siempre hemos escuchamos el relato constituido de forma conjunta por la totalidad de los partidos que consta en profesionalizar el Estado, lo cual en la teoría está perfecto, aunque a la hora de la práctica hay cierto trecho entre ambas. Sin embargo, la tecnificación del aparato estatal no se puede llevar a cabo si los políticos, más precisamente el Senado, no siguen al pie de la letra algunas de sus esenciales funciones que tienen la obligación de hacer. Parte del artículo Nº187 de nuestra Constitución reza: “Los miembros de los Directorios y los Directores Generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas”. Cabe aclarar que es una realidad que hay pactos voluntarios de las fuerzas políticas de votar los cargos distribuidos entre los sectores que son fracciones de la administración y que la distribución se hace lo más proporcional posible, por lo que nadie estaría dispuesto a entorpecer el proceso de las venias. Es por medio de el anterior art. que hombres como Enrique Montagno o Gastón Bianchi (ambos de Cabildo Abierto) ex Vocal de ASSE y ex Vicepresidente de la ANP respectivamente, acceden a dichos lugares dejando en vista de todos que no dieron la talla al lugar que se les propició. Pero quienes tampoco estuvieron a la estatura fueron los Senadores, cuya función principal es la del controlar al Poder Ejecutivo, por encima a lo que concierne la creación de leyes. En estos casos puntuales, la cámara alta tiene el deber de estudio previo a otorgar las potestades de aquellos futuros jerarcas. Si a partir del legislativo se les está permitiendo integrar el gobierno a este tipo de personalidades, que celebran su clientelismo político y describe de modo vulgar a otras autoridades, luego se dan los episodios de renuncias forzadas debido a que los medios de comunicación sacan a luz artículos de prensa mediante investigaciones del tema. Los periodistas han terminado oficiando de mayor contralor que desde el mismo Senado. Inmediatamente, la fuerte presión que emana legítimamente de la opinión pública deriva en dimisiones que terminan marginando aquella convicción de colocar expertos en las aéreas de los entes que los mismos actores de la arena política tanto promueven, quedando así con un debe con la ciudadanía.
La Constitución es sabia, pero hay ocasiones en que la práctica se aleja un poco de la teoría, promoviendo un accionar desvirtuado que deja un déficit en la relación entre la política y la sociedad.
