miércoles 5 de octubre, 2022
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El financiamiento de los partidos Políticos

Fulvio Gutiérrez
Por

Fulvio Gutiérrez

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Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
La reciente interpelación a los Ministros Luis Alberto Heber, de Interior y Francisco Bustillo, de Relaciones Exteriores, trajo varias consecuencias. Algunas inmediatas como la necesidad de modificar la reglamentación referida a la entrega de pasaportes a ciudadanos uruguayos que hayan tenido, en el país o fuera de él, antecedentes penales, mejorar la coordinación entre organismos encargados de la seguridad nacional y la actualización del control migratorio de los 43 puntos fronterizos que tiene Uruguay. Pero hubo otra consecuencia que tal vez sea la más importante y es la modificación de la regulación del financiamiento de los partidos políticos. El objetivo es impedir que el crimen organizado “penetre en el poder público”, y determine indirectamente las decisiones de gobierno, como ya ocurre en algunos países. Actualmente el financiamiento de los partidos políticos, se regula por la Ley No. 18.485 de 11 de mayo de 2009. Allí se establecen los denominados financiamientos públicos y los financiamientos privados, y se crean disposiciones que pretenden limitar y controlar el origen y los montos de los recursos económicos destinados a financiar las campañas electorales. Esa normativa debe ser revisada, actualizada, y desarrollada en base a realidades que se conocen en otros países americanos, donde la institucionalidad democrática se está haciendo pedazos por la acción del crimen organizado.
La esencia de la democracia está basada en la realización de elecciones libres, competitivas y periódicas. Esta es la concepción mínima de la “democracia política”. Pero las elecciones cuestan mucho dinero, y su financiación es una parte esencial de los procesos electorales. Presupone que todos los candidatos tengan la misma posibilidad de dar a conocer sus propuestas a los potenciales electores, para que éstos puedan elegir los que sean más afines a sus ideas. Y aquí es donde la teoría falla porque no todos los candidatos se encuentran en igualdad de condiciones económicas, ni todos tienen acceso privilegiado a todos los medios de comunicación. Estos factores distorsionan la democracia en su esencia. Pero hay otro factor al que aún no se lo ha tomado debidamente en cuenta en Uruguay: el narcotráfico y sus actividades relacionadas. Por su enorme poderío económico, porque se introducen en todos los aspectos de la vida pública del Estado, porque copan las actividades agropecuarias, industriales y comerciales, porque se infiltran en la vida cultural del país y con paciente efectividad van cambiando los códigos de conducta, sobre todo en los más jóvenes donde reclutan a sus cuadros de base. Analicen los ejemplos de Colombia, México y Guatemala, donde el narcotráfico es la mayor amenaza para la institucionalidad y gobernabilidad del Estado. Allí, su poderío financiero sustenta una increíble capacidad de corrupción a todos los niveles del Estado. De esa forma controlan el sistema de partidos políticos y van camino de controlar todo el aparato del Estado. El narcotráfico infiltrado en la política, puede incidir en políticas públicas de seguridad, usando infraestructura del Estado. Alguien dijo: el Estado se pone, cual cliente, a su servicio. Y lamentablemente es así.
Se me dirá que Uruguay está lejos de llegar a eso. No, no está lejos y algunos hechos concretos recientes prendieron la alarma. Los operadores políticos deben mirar más allá de la punta de su nariz. Por eso pienso que la ley de financiamiento de los partidos políticos, debe ser revisada, incluyéndose elementos de bloqueo efectivo de los dineros provenientes del narcotráfico. Una especie de trazabilidad, en el sentido de fijar una serie de procedimientos que permitan registrar e identificar el origen de los dineros que ingresan a los partidos políticos, de donde proceden, quien los realiza, como se hace su distribución y en que se gastan.
Por supuesto que no será fácil. Pero es lo que sin duda alguna se debe hacer y ya. Comenzar por consultar con expertos de países en los cuales estos hechos ya se han dado, es una buena medida. El Ministro del Interior tiene la palabra.