Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
En verdad, jamás se me ocurrió que algunos protagonistas políticos, centraran su atención, sus argumentos y su torcida forma de encarar esa actividad pública, en un indeseable manejo vinculado al hambre de los más vulnerables. Pero ha ocurrido. Sobre todo por la intervención de algunas organizaciones que hacen tareas de intermediación en la distribución de la comida. El MIDES, seguramente desconfiando de alguna indefinición sobre la ubicación de las “ollas populares” y sin certeza sobre el número de comidas a repartir, decidió poner orden en la instrumentación de dicha tarea, Para eso hizo cuatro preguntas simples y elementales: 1)Listado en Montevideo y área metropolitana, de ollas y merenderos. 2)Ubicación exacta de cada una y días en que funcionan.3)Cantidad de personas que suelen asistir a cada una de ellas, sin individualización de datos personales.4)Cantidad de porciones de comida que se sirven en cada una. Todas las instituciones que realizan las tareas de distribución de la comida contestaron en el plazo estipulado, que fue el 30 de setiembre. Todas menos una: la Coordinadora Popular y Solidaria. Su negativa estaba vinculada a razones “políticas”, como expresamente se dijo por la propia Coordinadora. Entones, frente a esa negativa, el MIDES le retiró el apoyo. ¡Ahí saltó la liebre!
Resultó que era la “coordinadora” vinculada al Frente Amplio. Eso quedó en evidencia por esas razones “políticas” que argumentó justificado su negativa, (yo agregaría que esas razones eran político partidarias) y porque recibió en forma inmediata el apoyo de conocidos dirigentes de la izquierda, fundamentalmente del Senador Olesker y de la Intendenta de Montevideo Carolina Cosse. El Ministro Lema informó que el retiro de apoyo a la CPS, fue porque presentó un listado de 20 direcciones de ollas que actualmente no existen, y hay 9 ollas cuya situación se está analizando. Frente a estas irregularidades, el tema pasó a estudio del Departamento Jurídico del ministerio, para analizar las medidas que se deben tomar. Porque en una situación como la planteada, no solo hay irregularidades administrativas, sino que pueden haber responsabilidades penales. No olvidemos que Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria, informó al Mides que proporcionaban 193.000 porciones mensuales, cuando dos semanas antes había informado que eran un número cuatro veces mayor.
Por su parte el Ministerio aclaró especialmente que ninguna persona beneficiaria de las ollas populares, saldrá perjudicada, ni se interrumpirá la entrega de las comidas, porque esta tarea se hará a través de soldados del ejército, y se instrumentara mediante la entrega de recibos duplicados como medida de transparencia. El Ministro de Defensa Javier García, afirmó que el Estado garantizará la continuidad de la cadena de provisión de alimentos a merenderos y ollas populares, porque lo central es que los alimentos lleguen a las personas que lo necesitan. A esa forma de entrega también se han opuesto. Parece que lo que importa no es alimentar a las personas sino que estas vean quien les entrega los alimentos.
Por eso, en la Rendición de Cuentas, se piden más recursos para el Instituto Nacional de Alimentación, a los efectos de financiar esa tarea.
En verdad no se puede entender como los motivos políticos pueden estar por encima de las necesidades de la gente. Es cierto sí que las ollas populares no comenzaron con la pandemia y siempre han existido las organizaciones particulares que donan y reparten comida, además de comedores del Estado. Pero a partir de la pandemia, la situación se agravó por el aumento del desempleo y las personas en seguro de paro. Fue una situación coyuntural. Pero la realidad indica que el apoyo alimentario a personas vulnerables deberá continuar. Para eso está el INDA y ya hay proyectos en tal sentido.
Veremos que resulta del informe jurídico que se está procesando.
