Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
La difusión de datos vinculados a asuntos que están en la órbita del sistema judicial, esto es tribunales y principalmente la fiscalía, es alarmante. En verdad, en esta materia, y desde no hace muchos años, las cosas han cambiado, y no para bien, precisamente. La drástica desaparición del principio de reserva de las actuaciones judiciales, me ha sorprendido, y de manera casi permanente en los medios de comunicación aparecen noticias vinculadas a algún asunto judicial que se originó en algún órgano del sistema judicial y que solo la conocen el juez o el fiscal, los funcionarios actuantes (receptores) y los abogados de las partes. A eso se le llama “filtración de datos”. En verdad, un eufemismo ridículo.
En la facultad aprendí que la reserva de las actuaciones judiciales, era un principio fundamental de nuestro sistema, con la salvedad de algunas situaciones muy especiales. Es más, a partir del año 1989, cuando entró en vigencia el Código General del Proceso, se implantó la publicidad de las actuaciones judiciales, que luego se fue reiterando para otras ramas del derecho, incluyendo la materia penal. Pero esa publicidad estaba permitida para las noticias originadas en audiencias que, por ser públicas, permiten que cualquiera pueda conocer sus resultancias y por ende divulgarlas en la forma y momento que quiera. Pero no las resultancias de otras actuaciones judiciales que no son públicas, o aquellas que por su naturaleza, por disposición legal o por decisión judicial, tienen el carácter de reservado. Recuerdo que en los juzgados de Salto, era una regla de oro de los funcionarios judiciales el no difundir nada de lo que obviamente conocían por el simple ejercicio de su trabajo, y eso se notaba con absoluta claridad en la relación que como profesional tuve con dichos funcionarios. Cumplían a rajatabla el precepto de reserva de su trabajo, y jamás conocí que algún colega osara violentar dicho precepto. Porque los límites eran claros: publicidad de la audiencia no significaba que algún funcionario saliera a difundir detalles que no surgían precisamente de esas audiencias.
Sorprende entonces, que se haya generalizado desde hace unos pocos años, la aparición en los medios de comunicación, de información sobre procedimientos judiciales que no se hacen en audiencias públicas, sino que surgen de actuaciones internas de algunos tribunales judiciales, y sobre todo de las fiscalías. Con el agravante de que se trata generalmente de asuntos de carácter penal, y que en cierta forma tienen alguna trascendencia política, ya sea por su propia naturaleza, ya sea por quienes sean sus protagonistas. Se trata de una práctica que claramente está reñida con la ética periodística.
Estamos entonces, ante la politización de nuestro sistema judicial, y no al revés (judicialización de la política) como se afirma. Nace así, un nuevo debate vinculado a la seguridad de la información que se maneja a nivel judicial.
Seguridad que, por lo visto, hace agua por todos lados, y puede lesionar a cualquier persona, cuando la fiebre de obtener la noticia primero, no tenga en cuenta que esa noticia sin confirmar seriamente, puede ser insegura, parcial, no formada totalmente, y que en definitiva, puede resultar absolutamente inexacta. No se debe bajar el nivel a punto tal, que la que debe ser una noticia seria y responsable de un medio de comunicación, se transforme en verdad en un chisme barato.
