Por Leonardo Vinci
El aparato militar tupamaro fue aniquilado en 1972.
Sin embargo, los derrotados del ayer, una vez que ingresaron formalmente a la vida política nacional, fueron ganando espacios a través de su peculiar accionar, y con un mentiroso relato, alteraron la verdad histórica descaradamente.
Así las cosas, sostuvieron que la dictadura comenzó en 1968 y que ellos lucharon ardorosamente defendiendo lo que en realidad procuraron destruir por todos los medios.
Deformaron la realidad, ya que fueron delincuentes que mediante el terror, robaron, secuestraron y mataron sin miramientos.
Se autohomenajearon por haber estado presos en el Penal de Libertad, labrando en los monumentos recordatorios los nombres de los asesinos que ejecutaron sin piedad a un humilde peón rural.
No contentos con tales reivindicaciones, tomaron por asalto el tesoro nacional- esta vez legalmente- asignándose pensiones especiales.
Desde el BPS se ha llegado a pagar decenas de millones de dólares anuales a miles de personas «afectadas por la dictadura», entre los cuales se encontraban prácticamente la totalidad de los tupamaros vivos.
Y como si todo lo reseñado fuera poco, faltando pocas horas para terminar su mandato, el gobierno frenteamplista decretó que «Los cónyuges, concubino/as e hijos menores de los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, comenzarán a cobrar el 100% del sueldo básico de pensión a partir de la entrada en vigencia de este decreto, sin necesidad de realizar trámite previo alguno».
También se aprobó entre gallos y medianoche que los hijos y nietos de los presos políticos tendrán derecho «… a recibir atención integral de salud gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud…»
A pesar de las reivindicaciones que se han promovido, y tras haber votado numerosos reconocimientos, reparaciones y beneficios para viejos tupamaros o pertenecientes a otros grupos armados, la izquierda no ha dirigido la mirada a las víctimas que murieron en manos de la subversión.
No ha habido «pensiones especiales» para los familiares de Pascasio Báez- el trabajador rural que tuvo la mala suerte de descubrir una tatucera tupamara en pleno campo- ni para Carlos Burgueño, que mataron cuando caminaba inocentemente por las calles de Pando, o para los deudos del chofer de Cutcsa, Vicente Oroza, acribillado en el «Pantanoso», ni para nadie que haya sido asesinado por los subversivos.
Transcurrieron años y los propios verdugos- que estuvieron encumbrados en el gobierno- no sólo no han pedido perdón por sus crímenes, sino que negaron todo recuerdo u homenaje a los caídos por su responsabilidad, y/o reparaciones a sus familiares.
Tras haber sido derrotados militarmente, se ufanaron de una victoria política, que les ha resultado efímera.
Felizmente, terminaron los oscuros años de predominio tupamaro, aunque los descendientes de las víctimas de sus crímenes, continúan esperando que el nuevo Parlamento haga justicia.
El Uruguay está en deuda con numerosas familias y reconocerlo expresamente es un imperativo moral.
