Dos conceptos peligrosos

Dr. Fulvio Gutiérrez
La paulatina generalización de los conceptos que se sintetizan en sendas frases, está poniendo en jaque uno de los más importantes principios de nuestro “Estado de Derecho”; el principio de la separación de los poderes del gobierno. Me refiero a la “judicialización de la política” y a la “politización de la justicia”. La interacción entre sistema judicial y política, da lugar a dos grandes tipos de conceptos, aunque el fenómeno no se manifiesta con la misma intensidad en todos los países. Y eso es así gracias a que la normativa que regula la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial es diferente en cada uno. En ese sentido, Uruguay puede ser considerado un ejemplo en el mundo, en cuanto a la independencia del Poder Judicial, y por ello, su funcionamiento se da en forma muy superior a lo que ocurre por ejemplo en Argentina o España. No obstante, en Uruguay, la separación de poderes se ve coartada en dos sentidos: por la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que la hace el Poder Legislativo a través de la Asamblea General, que es un órgano político; y por la aprobación del presupuesto, que si bien tiene iniciativa de la propia Suprema Corte de Justicia, en definitiva, quien lo analiza con facultades para modificarlo, y lo aprueba, es el Poder Legislativo. El tema da para un análisis muy profundo y comparativo entre nuestro sistema y lo que ocurre en el Derecho Comparado. Pero el espacio no me permite ese tipo de análisis por lo cual me referiré concretamente al motivo de esta columna.
Por “judicialización de la política” se debe entender el empleo de procedimientos judiciales con el fin de obtener réditos políticos, los que, en principio, solo se deberían conseguir por medio del juego democrático de los órganos representativos del Estado. Estamos siendo testigos de que para obtener una victoria política sobre el adversario, algunos partidos están acudiendo a procedimientos judiciales (generalmente denuncias penales), que tratan de dañar al adversario. La idea va acompañada del concepto de que lo que resuelve la justicia tiene de por si un valor superior. Entonces los jueces y fiscales pasan a ser los árbitros que deben resolver lo que el sistema político por sí solo no ha sabido resolver, y adquieren una trascendencia pública superior, favorecidos por el accionar de los medios de comunicación. Desde hace un tiempo, la presencia pública de jueces y fiscales en estos medios, trasciende a lo que estábamos acostumbrados, y el principio de que “los jueces hablan por sus sentencias” pasó al olvido.
Por su parte, la “politización de la justicia”, refiere fundamentalmente a la injerencia del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, en aspectos que deben estar reservados al Poder Judicial en forma exclusiva. No obstante, este concepto que es genérico en el Derecho Comparado, no lo es tanto en nuestro país, como consecuencia del sistema de designación de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones y de los Juzgados, en virtud de que su designación es resorte exclusivo de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es una importante garantía. No obstante, y desde hace un tiempo, se percibe que hay titulares de los cargos judiciales, y de la Fiscalía General de la Nación (ambos integran nuestro sistema judicial), que están fallando o interpretando las normas jurídicas, sin ajustare estrictamente a criterios jurídicos, sino teniendo en cuenta su concepción ideológica personal. El fenómeno se ha dado más claramente a nivel de la Fiscalía General de la Nación, al punto que hay consenso en que se debe reformar su estructura, discrepándose en la naturaleza de esa reforma. Lo más grave, es que ha salido a luz algunas presiones políticas a determinados fiscales, al punto que la ex fiscal Gabriela Fosatti, ha hecho declaraciones públicas denunciando presiones políticas provenientes del Frente Amplio que debió soportar en algún momento, en casos en que se involucraba directa o indirectamente a funcionarios vinculados al gobierno actual. Esto es intolerable, y de continuarse y/o tolerarse esta forma de proceder, está claro que nuestro sistema judicial está en peligro de ser manejado fuera de los límites normales que impone el derecho vigente. El gobierno debe corregir, por los medios legales, este proceder antijurídico e inmoral. La ideología no debe ingresar en estos temas, y si ya ingresó, como así lo creo, hay que extirparla de cuajo.