Antel Arena: revisión fiscal

Dr. Fulvio
Gutiérrez
La decisión tomada por el Directorio de ANTEL, solicitando la revisión de la resolución de Fiscalía que dispuso el archivo del expediente referido a las irregularidades constatadas en la construcción del Antel Arena, ha provocado una serie de reacciones de representantes del Frente Amplio, las que padecen de errores jurídicos y conceptuales. Sin entrar en detalles jurídicos referentes al fondo del asunto, sobre el que hay posiciones encontradas, bueno es señalar dos aspectos que han sido cuestionados: uno jurídico y otro político. Desde el punto de vista jurídico, se ha señalado muy especialmente, la inconstitucionalidad de la decisión de construir el Antel Arena, en base a que dicha construcción no está dentro de la competencia, fines u objetivos del servicio descentralizado ANTEL. Afirmación ésta que fue claramente señalada y analizada por el Tribunal de Cuentas de la República, en la oportunidad que fue llamado a decidir sobre la legalidad de la misma. La resolución de 15 de agosto de 2103, se basó muy concretamente en lo previsto por el art. 190 de la Constitución, que expresa textualmente: “Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. ANTEL fue creada por el Decreto-Ley No. 14.235 de 25 de julio de 1974, como servicio descentralizado integrante del dominio industrial y comercial del Estado, con el cometido principal de prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos y larga distancia, nacionales e internacionales (art. 4°), servicios calificados como esenciales (art.2°) y monopólicos (art. 6°.). Luego este cometido fue modificado, y el ente perdió el monopolio en los casos de las comunicaciones por internet y por celulares. Jamás se previó entre sus objetivos la construcción de estadios deportivos, por la sencilla razón que ello no está dentro de la naturaleza de su existencia, por lo cual el Directorio del Ente que presidía Carolina Cosse, violó el principio de especialidad que rige para los entes públicos u con ello la Constitución. Así fue destacado por el Tribunal. Desde el punto de vista político, se ha acusado al Presidente Luis Lacalle Pou, de incidir políticamente sobre el actual Directorio de ANTEL para que solicite a la Fiscalía el reexamen de la decisión que dispuso el archivo del expediente, que deberá ser considerado por otro Fiscal. Vamos a decir las cosas como son. Claro que la decisión del Presidente fue una decisión política, como son todas las decisiones que toma, por el simple hecho de ser titular de un órgano político. Pero es una decisión política, no política partidaria y está basada en las facultades que le otorga el art. 198, que prevé como facultad del Poder Ejecutivo, la de “destituir a los miembros de los Directorios o a los Directores Generales con venia de la Cámara de Senadores, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre el prestigio de la institución a que pertenezcan”. Partamos de la base de que no acatar una disposición constitucional como la señalada, bien puede derivarse en un delito, atendiendo a irregularidades administrativas que rozan un ilícito penal y que también fueron cuestionadas. Esas irregularidades y su gravedad han sido descriptas con dureza en el examen fiscal que, en una inexplicable culminación, termina diciendo que no las considera delitos (hace desaparecer el art. 162 del Código Penal sobre abuso de funciones). Hasta aquí nunca intervino un Juez por lo que no hay pronunciamiento de la Justicia. El art. 98 del Código del Proceso Penal habilita el pedido de un reexamen para lo que además se necesita, ahora sí, que un Juez lo considere viable, Todo está pues dentro de las facultades constitucionales y legales. Es oportuno recordar también que quienes ahora fingen sorpresa y hasta indignación, usaron este mismo procedimiento cuando se trató de la denuncia sobre KatonNatie. ¿Entonces por qué se tiene reparos en este caso? ¿O es que el Frente Amplio teme un resultado adverso? Una vez más el doble discurso.