Por Andrés Torterola
La Presidente del Congreso Nacional de Ediles, Patricia Pelúa, conversó con CAMBIO sobre la posible implementación de una remuneración económica para los ediles de las distintas Juntas Departamentales. Pelúa destacó que este tema es recurrente en las sesiones del congreso debido a las diversas situaciones que enfrentan las juntas.
REMUNERACIÓN
En algunos legislativos locales, los ediles no reciben ninguna remuneración, mientras que en otros cuentan con gastos de representación respaldados por las respectivas juntas departamentales. Esta práctica ha sido validada por el Tribunal de Cuentas. Por otro lado, existen casos en los que se hace referencia al artículo 295 de la Constitución de la República, el cual establece que los ediles o «miembros de las juntas departamentales», como los denomina el texto legal, son honorarios».
EQUITATIVA Y TRANSPARENTE
Pelúa resaltó la necesidad de abordar esta cuestión de manera amplia y exhaustiva, considerando las diferentes realidades y normativas que rigen en cada departamento. En el marco de la discusión sobre las remuneraciones de los ediles, surge un debate crucial en torno a la naturaleza de su trabajo y la necesidad de regular estas compensaciones de manera equitativa y transparente. La ausencia de una remuneración fija conlleva la responsabilidad de que estos funcionarios desempeñen actividades privadas para sostenerse económicamente, sin descuidar sus deberes en la Junta Departamental.
REGULAR REMUNERACIONES
En respuesta a esta problemática, se han propuesto reuniones en el Parlamento con el objetivo de establecer un marco normativo que garantice una compensación justa para los ediles.
La Presidente ha destacado la importancia de respetar la autonomía de cada junta, pero también reconoce la necesidad de regular las remuneraciones para evitar posibles denuncias sobre gastos inapropiados o excesivos. En algunas juntas, los ediles reciben viáticos para cubrir gastos relacionados con su participación en el Congreso Nacional de Ediles, tales como pasajes, hospedaje y alimentación. Sin embargo, es fundamental garantizar la transparencia en la gestión de estos recursos públicos.
