Salto, Lunes 23 de Octubre de 2017

La corrupción

Columnistas | 13 Ago. Dr. Fulvio Gutiérrez.
La corrupción política es un fenómeno de todas las épocas, de todos los tiempos y de todos los gobiernos. En cierta forma es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Nadie escapa a esta patología humana que se basa fundamentalmente en el poder que algunas personas tienen, en virtud de un cargo político que ostentan. Tan antiguo es esto, que ya en el Código de Hamurabí (en la civilización mesopotámica, 1750 años Antes de Cristo), se preveían penas para los funcionarios del gobierno que cometieran actos de corrupción.
Su ocurrencia tiene bases muy amplias. No importa el régimen de gobierno que exista; no importa el partido político; no importa su ideología; no importa la función que el corrupto cumpla en ese gobierno. La base está en la debilidad humana por sacar ventajas; en la falta de valores; de moral; en la torcida idea de obtener beneficios para sí o para terceros de su entorno, tan inmorales como él; que buscan el camino fácil hacia la riqueza sin importarles nada: ni Estado, ni gobierno, ni ética, ni derechos. Lo que si les importa es enriquecerse a como dé lugar.
La proliferación de este fenómeno delictivo en los últimos años, hizo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaborara una serie de pautas en la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) celebrada en Caracas (Venezuela) el 29 de marzo de 1996, que fue ratificada por Uruguay con la Ley No. 17.008 de 25 de setiembre de 1998, actualmente vigente; sin perjuicio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 29 de setiembre de 2003.
En base a esas pautas, Uruguay aprobó la Ley No. 17.060 de 23 de diciembre de 1998, que en su art. 3º definió a la corrupción de esta manera: “se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado”; concepto que está reiterado en el art. 10 del Decreto No. 30/003, que es el que reglamenta la precitada ley. Entre los casos más conocidos de corrupción está la coima (jurídicamente se llama cohecho), el soborno, el tráfico de influencias, la apropiación de dineros públicos (jurídicamente se llama peculado), el abuso de prerrogativas que se tienen como consecuencia del cargo público que se ejerce, el fraude y una serie de conductas similares cuya denominación depende del país de que se trate. Pero no es limitado a ello. También hay corrupción en casos de nepotismo, extorsión, uso indebido de información privilegiada, etc.
¿Es correcta la definición uruguaya de corrupción? Creemos que no. En principio, no creemos que para que haya corrupción, necesariamente debe haber un móvil económico. Por eso la doctrina uruguaya entiende hoy, que hay corrupción cuando se utiliza la condición de funcionario público, para obtener para sí o para un tercero, un beneficio indebido, cualquiera sea su naturaleza. El análisis de esta patología de la conducta humana, debe complementarse con otras disposiciones de la Ley No. 17.060, como ser negar información o documentación que haya sido solicitada conforme a la ley; valerse del cargo para influir sobre una persona para conseguir algún beneficio directo o indirecto;, tomar préstamos de la institución pública a la que se pertenece; intervenir como funcionario en asuntos en que haya intervenido como técnico; etc.
Pero además, no solo debe comprender a quienes ejercen funciones públicas, sino a aquellos particulares que, en su vinculación con el Estado (por ejemplo los proveedores), se asocian a funcionarios venales.
En fin; un tema complejo, difícil de combatir, no solo por el aumento de actos de corrupción, sino por la omisión o silencio de quienes deben denunciar tales hechos.
Una aclaración para el lector: cualquier semejanza con nuestra realidad, es una mera coincidencia.

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