Por Pablo Mieres
Los recursos de referéndum o iniciativas plebiscitarias se han caracterizado por someter a la decisión ciudadana un tema o asunto que quienes lo impulsan entienden que debe ser modificado. Así ha sido en todos los casos desde el retorno a la democracia hasta ahora. El referéndum contra la Ley de Caducidad tenía como objeto el tema de la responsabilidad por los delitos cometidos durante la dictadura. El referéndum de 1992 era con respecto a la privatización de las empresas públicas, lo mismo ocurrió con el tema de la posible asociación de ANCAP en diciembre de 2003.
En 2004 se sometió a la decisión ciudadana la regulación de los servicios de agua potable. En 2009 se plebiscitó el voto en el exterior y la anulación de la ley de caducidad. En 2014 ocurrió lo mismo con la baja de la edad de imputabilidad y en 2019 se plebiscitaron modificaciones sobre aumentos de penas en materia de seguridad.
Con resultados variados, lo cierto es que todas las consultas tenían como tema un asunto concreto sobre el que la ciudadanía debía pronunciarse. Por lo tanto, el ciudadano debía examinar cuál era el asunto propuesto y definía su posición con respecto al tema en cuestión.
Sin embargo, la iniciativa de referéndum que ha sido impulsada por el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales en esta oportunidad es muy diferente a todas las anteriores. Se propone la derogación de 135 artículos que refieren a una gran variedad de temas. Seguridad, educación, inclusión financiera, regla fiscal, relaciones laborales, arrendamientos, etc y en cada uno de esos temas, además, se incluye la posible derogación de múltiples disposiciones.
Tan amplia es la temática abarcada y tan numerosas son las normas recurridas que incluye también algunos artículos que, curiosamente, fueron votados favorablemente por los recurrentes.
En el afán de alcanzar las firmas por parte de sus impulsores, se han dicho muchas cosas, incluidas afirmaciones inexactas sobre alguno de los temas que se pretenden derogar.
Obviamente, el debate deberá alcanzar los diferentes temas y a ello nos abocaremos los que defendemos la ley y sus contenidos, demostrando los beneficios de la ley aprobada y aclarando los equívocos que se han formulado sobre su contenido. Pero nadie puede imaginar que la ciudadanía terminará definiendo su voto a partir del análisis en profundidad de los 135 artículos.
La Ley de Urgente Consideración es una expresión legislativa de una parte importante del programa de gobierno que la coalición le presentó a la ciudadanía.
Es más, la presentación y aprobación de esta ley representó el cumplimiento de los compromisos que se formularon en la campaña electoral. Constituye una demostración de responsabilidad y coherencia entre lo que se sostenía en los discursos de campaña y lo que luego se tradujo en la gestión de gobierno.
Obviamente, la oposición no comparte muchas de las decisiones que esta ley contiene. Es lógico, se trata de un partido que gobernó durante los últimos quince años y por cierto la decisión ciudadana implicó un apoyo a la necesidad de cambios en múltiples dimensiones. A ese objetivo se dirige la ley aprobada.
Entonces, la decisión de quienes promueven el referéndum no es derogar algún tema en particular, sino que se busca cuestionar la orientación general del gobierno. No se trata de una decisión sobre un tema concreto, como ha sido en todos los casos anteriores. Por eso, es una decisión que implica una definición general de apoyo al gobierno o a la oposición.
En definitiva, hace casi dos años la mayoría absoluta de los ciudadanos decidió que era necesario un cambio.
En pocos meses los ciudadanos tendrán que volver a pronunciarse entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio. Es nuestra tarea de este tiempo demostrar que vale la pena seguir apostando al cambio que venimos impulsando.
